La Corte Suprema de Estados Unidos inició un nuevo periodo de sesiones teniendo en su agenda dos temas migratorios de especial interés para los cubanos: las deportaciones a terceros países y la detención obligatoria sin audiencia de fianza, informó AP.
El primer caso examina las garantías que deben recibir las personas destinadas a terceros países cuando EEUU no puede devolverlas rápidamente a sus naciones de origen. La administración ha recurrido a acuerdos con otros gobiernos para ejecutar estos traslados.
La disputa incluye la posibilidad de que los afectados presenten objeciones antes de su expulsión. Mientras resuelve el fondo del litigio, la Corte ha permitido que continúen las deportaciones.
La deportación a terceros países ha afectado a migrantes cubanos con traslados al continente africano. Recientemente, se informó el caso de Omar Rodríguez, Arístides Fernández García, Yasmani Noel Moreno de Armas y Daniel Lázaro Fuente.
Estos migrantes oriundos de la Isla fueron enviados a Bangui, capital de la República Centroafricana. Según sus testimonios, carecen de documentos que aclaren su situación legal y no pueden abandonar libremente el hotel Maison Confort, donde fueron alojados.
Fernández y Moreno describieron a El País un traslado bajo custodia, con esposas en pies, manos y cintura. El viaje duró unas 22 horas, con escalas en Senegal y Nigeria. Moreno afirmó que inicialmente creyó que lo llevarían a Cuba y que comprendió su destino africano cuando ya estaba en vuelo.
Detención obligatoria y derecho a solicitar fianza
El segundo caso aborda la interpretación del gobierno que permite mantener detenidos, sin audiencia de fianza, a determinados inmigrantes que viven en EEUU sin estatus legal. La controversia alcanza a personas establecidas en el país desde hace años.
Durante décadas, muchos extranjeros detenidos dentro del territorio podían pedir a un juez su liberación bajo fianza mientras continuaban sus procedimientos. En julio de 2025, las autoridades ampliaron la detención obligatoria mediante una interpretación que provocó numerosas demandas y decisiones judiciales contrarias.
Uno de los cubanos afectados por esta situación es Justo Betancourt, residente en EEUU desde hace más de 36 años. ICE lo arrestó el 29 de octubre del año pasado durante su cita anual en Miramar, Florida.
Este hombre había cumplido una condena en 2016 por conspiración para distribuir metanfetamina y un delito relacionado con armas. Tras varios meses bajo custodia migratoria, el juez federal Kyle Dudek concedió un recurso de habeas corpus al determinar que su detención había sido errónea.
Betancourt padece diabetes, hipertensión y esquizofrenia. Su hija, Arianne, denunció restricciones prolongadas y dificultades para recibir atención médica.
El caso adquirió otra dimensión cuando Arianne confrontó a la congresista María Elvira Salazar durante un evento comunitario en Miami. La joven cuestionó su defensa de Alligator Alcatraz y afirmó: “Realmente abandonó a la comunidad”. Salazar rechazó el señalamiento y negó que hubiera acudido a su oficina.
El enfrentamiento llega mientras Salazar intenta distanciarse de algunas actuaciones migratorias del Gobierno. El 17 de septiembre publicó un video bilingüe frente a la Casa Blanca: “Señor presidente, algunos de sus esfuerzos de aplicación de la inmigración han ido demasiado lejos”. Trump respondió que discrepaba y aseguró que “María ganó solo gracias a mí”.
