El Gobierno cubano decidió extender por un año el proceso de ordenamiento y legalización de viviendas, habitaciones, cuartos, accesorias y locales que no cuentan con estatus legal o que fueron construidos sin cumplir todas las formalidades establecidas.
La decisión fue publicada en la Gaceta Oficial de la República de Cuba número 70, correspondiente al martes 1 de septiembre de 2026, mediante el Acuerdo 10378 del Consejo de Ministros.
El acuerdo, firmado por el primer ministro Manuel Marrero Cruz, establece que las regulaciones aprobadas en 2019 para estos procesos continuarán aplicándose durante un período adicional contado desde la publicación de la nueva norma.
Gobierno atribuye retrasos a medidas de ahorro energético
Según el documento oficial, el Consejo de Ministros justificó la nueva extensión debido a que las medidas implementadas en el país relacionadas con el ahorro energético afectaron el acceso de la población a los trámites establecidos.
La normativa reconoce que todavía existe “un número significativo de casos” pendientes de ordenamiento y legalización, por lo que consideró necesario ampliar nuevamente el periodo previsto.
El proceso tiene como objetivo regularizar inmuebles que carecen de reconocimiento legal o que fueron levantados sin cumplir completamente los procedimientos establecidos, siempre que cumplan con las regulaciones territoriales y urbanísticas vigentes.
La regulación original fue aprobada mediante el Acuerdo 8574 del Consejo de Ministros, del 12 de marzo de 2019. Ese mecanismo estableció un procedimiento para transferir en concepto de propiedad las viviendas a las personas naturales que las ocupan, cuando cumplieran los requisitos establecidos.
El Acuerdo 10378 dispone que los términos, condiciones y obligaciones establecidos en las normas anteriores continuarán aplicándose a los casos que sean recibidos durante esta nueva etapa.
La decisión representa una nueva prórroga para un proceso que inicialmente tenía una duración limitada. De acuerdo con la propia normativa, el periodo había sido ampliado anteriormente mediante el Acuerdo 10108 del 27 de marzo de 2025, que fijó como fecha límite el 31 de diciembre de ese año para recibir solicitudes.
Miles de inmuebles continúan en situación irregular
La extensión del plazo refleja la persistencia de dificultades administrativas para completar la legalización de viviendas en la Isla. Aunque el acuerdo no especifica la cantidad exacta de expedientes pendientes ni las provincias con mayor número de casos, reconoce que existe una acumulación significativa de solicitudes sin resolver.
La falta de documentación oficial de numerosas viviendas ha sido un problema recurrente en la Isla, donde durante décadas muchas familias han ampliado, modificado o construido inmuebles sin completar todos los procedimientos legales exigidos.
Con la nueva disposición, los ocupantes de viviendas incluidas dentro de los supuestos establecidos tendrán un periodo adicional para presentar sus solicitudes y avanzar en el proceso de reconocimiento legal.
La medida ocurre en un contexto marcado por dificultades económicas, problemas de infraestructura y limitaciones administrativas que han afectado diversos servicios públicos en Cuba.
