El ministro de Energía y Minas de Cuba, Vicente de la O Levy, negó que una empresa estatal haya contratado los 90 cargamentos de biodiésel incautados en septiembre pasado por autoridades estadunidenses cuando iban a ser enviados a la Isla.
“Podemos asegurarles que no existía ningún contrato de ningún tipo con ENETEC SA”, expresó el funcionario en una entrevista con Reuters, añadiendo: “Ninguna empresa estatal cubana ha logrado obtener un contrato de combustible, ya sea para pequeñas o grandes cantidades”.
Hace unos días, autoridades estadounidenses revelaron detalles de la retención de unos 620.000 galones de biodiésel, valorado en más de 2,8 millones de dólares y vinculado a la compañía sancionada ENETEC.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) difundió fotografías de los cargamentos bajo custodia federal. Las imágenes, tomadas en instalaciones de Fort Lauderdale, Florida, y distribuidas mediante el sistema visual del Departamento de Defensa, muestran filas de tanques ISO apilados y vigilados por agentes estadounidenses.
La mayor parte del decomiso ocurrió en Port Everglades, donde las autoridades retuvieron 71 tanques con aproximadamente 500.000 galones. Otros 19 cargamentos, que contenían cerca de 120.000 galones, fueron confiscados en el puerto de Houston, Texas. En conjunto, los embarques sumaban alrededor de 620.000 galones de biodiésel.
Investigaciones de Seguridad Nacional, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio presentaron los detalles durante una conferencia de prensa en Miami. Las tres agencias participaron en actuaciones relacionadas con la investigación y los controles de exportación.
Según la investigación de NBC Miami, CBP detectó los movimientos a comienzos de septiembre mediante información comercial y labores de inteligencia. La identificación de ENETEC como consignatario final en los documentos constituyó un elemento central para determinar el destino de los suministros y proceder a su retención.
ENETEC, fundada en 2019 y con sede en La Habana, realiza operaciones de importación, exportación y distribución mayorista de combustibles, lubricantes y derivados del petróleo. Según la información difundida sobre el caso, la Oficina de Control de Activos Extranjeros la incorporó a su lista de sanciones el 13 de julio de 2026.
La incautación se produce en medio de la crisis energética cubana, marcada por escasez de combustible, interrupciones eléctricas y dificultades para garantizar servicios básicos. Desde principios de año, Estados Unidos permite exportaciones de gasolina y diésel destinadas al sector privado cubano, pero mantiene prohibiciones sobre suministros de ese tipo al gobierno.
De la O Levy reconoció el aumento de esas importaciones privadas, aunque consideró insuficiente su volumen. “Me atrevería a decir que la cantidad que ingresa al país ni siquiera cubre el 3% de sus necesidades de combustible”, afirmó. Esa estimación corresponde al ministro y no constituye un balance independiente de los suministros disponibles.
El funcionario también defendió la expansión de las energías renovables. Aseguró que Cuba ha instalado 144 parques solares con una capacidad conjunta de 1.418 megavatios.
Según explicó, la producción nacional de crudo permanece estable y se destina casi íntegramente a termoeléctricas, mientras alrededor del 40% de la electricidad procede del petróleo extraído en la isla.
Níquel y cobalto: combustible y sanciones dificultan reanudar la producción
La falta de suministros también condiciona la actividad minera. De la O Levy afirmó que el gobierno pretende continuar la extracción de níquel y cobalto, pero reconoció obstáculos para reiniciar operaciones. Ambos minerales tienen aplicaciones en baterías y automóviles, y Cuba dispone de importantes reservas, según el Servicio Geológico de EEUU.
La canadiense Sherritt International participa desde hace más de tres décadas en una empresa conjunta con el gobierno cubano en Moa. La compañía anunció a principios de este año que suspendería operaciones debido a las sanciones estadounidenses, según la información recogida por Reuters.
Posteriormente, Sherritt comunicó que en mayo suscribió un acuerdo no vinculante con Gillon Capital LLC, firma de Dallas, para vender una participación en su negocio minero cubano. Ray Washburne, vicepresidente de Gillon, es un antiguo partidario de Donald Trump. El carácter preliminar del acuerdo no equivale a una venta concluida.
De la O Levy sostuvo que una eventual compra afectaría acciones de Sherritt, no una adquisición directa de la empresa conjunta. Afirmó que Cuba aceptaría continuar bajo las reglas vigentes, pero advirtió que antes deberían resolverse el abastecimiento de combustible y repuestos y los pagos asociados a exportaciones e insumos.
“Si la intención es reanudar la producción de níquel, todos esos problemas tendrían que resolverse”, declaró. Sherritt y Gillon no respondieron de inmediato a Reuters sobre esas afirmaciones. El ministro no ofreció una fecha para reactivar la producción, cuyo reinicio vinculó a la solución de esas dificultades operativas.
