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Cuba niega la existencia de presos políticos pero los utiliza como herramienta de presión y negociación
La narrativa oficial cubana insiste en que todos los prisioneros detenidos lo son por delitos comunes y no por motivos ideológicos
Los presos políticos en Cuba son víctimas de torturas y procesos judiciales ilegales. (Foto © Periódico Cubano)
Sin reconocer las negociaciones con Estados Unidos, Cuba anunció recientemente la liberación de 553 personas, descritas por el gobierno como “sancionadas en debido proceso por delitos diversos contemplados en la ley”.
Esta medida coincidió, como respuesta poco fortuita, con la medida tomada ayer por la administración de Joe Biden de sacar al país de la lista estadounidense de Estados Patrocinadores del Terrorismo. Aunque La Habana sostiene que en Cuba no existen presos políticos, la realidad refleja un panorama más complejo y sombrío.
La narrativa oficial cubana insiste en que todos los prisioneros detenidos lo son por delitos comunes y no por motivos ideológicos. Sin embargo, diversas organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, han documentado casos de opositores pacíficos encarcelados bajo cargos ambiguos, como “desórdenes públicos”, “desacato” o “propaganda enemiga”. Estas categorías son usadas de manera recurrente para criminalizar la disidencia.
Hasta el mes de diciembre, el gobierno de Joe Biden había rechazado la retirada de Cuba del listado de Países Patrocinadores del Terrorismo. (Foto © Casa Blanca – YouTube)
La reciente liberación masiva parece responder a una dinámica política, más que a un genuino compromiso con los derechos humanos. El timing del anuncio, justo tras un importante gesto diplomático por parte de EEUU, sugiere que el régimen de La Habana utiliza a los presos como fichas de negociación.
Este patrón ha sido observado anteriormente, como en los intercambios de prisioneros con países europeos o con la Iglesia Católica mediando. Cuba lo aplicó en 2010 cuando liberó a más de 100 presos políticos, dentro de los que se encontraban muchos que fueron encarcelados en 2003, cuando los arrestos de la Primavera Negra.
La negación de la existencia de presos políticos forma parte de una estrategia más amplia para deslegitimar a la oposición. Al clasificarlos como “delincuentes comunes”, el gobierno cubano busca erosionar el apoyo internacional hacia estos individuos y desviar la atención de las demandas internas de reformas democráticas.
El opositor se encuentra privado de su libertad en una cárcel desde que trató de sumarse a las protestas masivas del 11 de julio de 2021. (Captura de pantalla © Cubanet – YouTube)
Un ejemplo elocuente es el caso de José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU). Ferrer fue detenido repetidamente el 11 de julio de 2021 durante las protestas que sacudieron a todo el país, bajo cargos cuestionables y sometido a condiciones carcelarias denunciadas como inhumanas. Aunque oficialmente su encarcelamiento fue atribuido a delitos comunes, su perfil como líder opositor sugiere motivaciones políticas detrás de su detención.
El gobierno cubano ha demostrado ser un maestro en la utilización de la diplomacia como herramienta de supervivencia. La reciente eliminación de Cuba de la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo representa un importante alivio político y económico. En este contexto, liberar a 553 prisioneros —sin reconocerlos como presos políticos— permite al régimen proyectar una imagen de flexibilidad y cooperación internacional.
Sin embargo, la falta de transparencia sobre los criterios de selección de estos prisioneros genera más preguntas que respuestas. ¿Se trata realmente de delincuentes comunes o de opositores silenciosos cuya liberación podría suavizar críticas externas sin comprometer la narrativa oficial?
Cuba utiliza la negación de los presos políticos como una herramienta política para mantener el control interno y gestionar las relaciones internacionales. Mientras el régimen continúa negando su existencia, los testimonios y datos recopilados por organizaciones de derechos humanos revelan un panorama opuesto. La reciente liberación de prisioneros es, en esencia, un gesto calculado que pone en evidencia cómo el gobierno cubano instrumentaliza tanto a los presos comunes como a los políticos para su beneficio.
El reconocimiento de esta realidad es esencial para que la comunidad internacional mantenga la presión sobre el gobierno cubano. La liberación de 553 prisioneros no debe verse como una concesión desinteresada, sino como un recordatorio de las complejidades y contradicciones inherentes a un régimen que persiste en anteponer su supervivencia política a los derechos de sus ciudadanos.