Cuba ofrece compensar propiedades confiscadas a estadounidenses tras la revolución, pero impone sus propias condiciones

El gobierno cubano se encuentra dispuesto a compensar a ciudadanos y empresas de Estados Unidos por las propiedades confiscadas tras la revolución de 1959, una propuesta que sale a la luz mientras el régimen enfrenta una fuerte presión por parte de la administración de Donald Trump.

Sin embargo, según lo declarado por el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, a Drop Site News, la propuesta sobre la mesa se refiere a un “pago único”, siempre que forme parte de un arreglo más amplio que incluya alivio de sanciones y margen para nuevas inversiones estadounidenses en la Isla.

El asunto de las indemnizaciones arrastra más de seis décadas de conflicto. De acuerdo con Drop Site, Cuba cerró en el pasado acuerdos de compensación a tanto alzado con otros países cuyos nacionales sufrieron nacionalizaciones, entre ellos Reino Unido, España, Francia, Canadá y Suiza, pero EEUU no aceptó ese camino.

Hoy siguen pendientes 5.913 reclamaciones certificadas por bienes confiscados, valoradas originalmente en unos 1.900 millones de dólares y elevadas a cerca de 9.000 millones con intereses, según datos citados por Bloomberg y otras fuentes.

El funcionario sostuvo en la entrevista sostuvo que Cuba también reclama resarcimiento por los daños asociados al embargo, las acciones violentas, el terrorismo y otros episodios históricos de confrontación con Washington.

Esa posición revela la lógica con la que el régimen intenta negociar: ofrecer una salida al viejo litigio patrimonial, pero sin renunciar a su narrativa de víctima ni admitir responsabilidad política por décadas de confiscaciones, arbitrariedad y ruina económica interna.

En este marco, el viceprimer ministro cubano, Óscar Pérez-Oliva Fraga, anunció que Cuba también recibiría con agrado inversión de empresas estadounidenses, aunque admitió que la legislación de Washington sigue siendo un obstáculo.

Las nuevas medidas pretenden ampliar la participación de la diáspora en proyectos productivos, infraestructura y mecanismos financieros nacionales. En la práctica, La Habana busca oxígeno externo sin desmontar el andamiaje político que ahuyentó durante décadas a buena parte del exilio y que ahora, ante la asfixia económica, intenta reconquistar con pragmatismo tardío.

Uno de los mayores frenos para cualquier deshielo sigue siendo la Ley Helms-Burton. Su Título III permite demandas en tribunales estadounidenses contra quienes “trafiquen” con propiedades confiscadas por el castrismo, una amenaza legal que ha enfriado inversiones y condicionado cualquier intento de apertura.

Reuters recordó recientemente que la Corte Suprema de EEUU examina casos clave sobre esa norma, lo que confirma que el conflicto sobre los bienes expropiados no es un asunto simbólico, sino un factor real en la disputa por el futuro económico de Cuba.

A finales del año pasado, José Ramón López Regueiro, quien se presenta como legítimo propietario del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, interpuso una demanda contra Delta Air Lines Inc. al amparo de dicha ley.

La acción judicial sostiene que esa infraestructura fue confiscada sin compensación por el régimen cubano en 1959, tras la llegada de Fidel Castro al poder. Según la reclamación, Delta utiliza actualmente esa terminal aérea sin haber indemnizado al propietario que reclama sus derechos sobre el inmueble.

De acuerdo con la demanda, la aerolínea estadounidense habría operado vuelos de carga y pasajeros con origen y destino en ese aeropuerto sin autorización de López Regueiro. Por ello, la parte demandante afirma que Delta incurrió en “tráfico” de bienes confiscados, tal como lo define la Ley Helms-Burton.