El Ministerio de la Agricultura (Minag) inició la consulta del Anteproyecto de Ley de Propiedad, Posesión y Uso de la Tierra, que será debatido y sometido a aprobación en diciembre por la Asamblea Nacional del Poder Popular. La legislación busca unificar más de 40 normas agrarias vigentes y establece un marco jurídico que mantiene el control estatal sobre el sector agropecuario.
Según Mayra Cruz Legón, directora jurídica del Minag, el documento flexibiliza la sucesión y herencia de tierras, permitiendo a los propietarios acceder a la vía judicial para resolver litigios. Actualmente, estos procesos dependen exclusivamente del Ministerio de la Agricultura. La propuesta también otorga mayor seguridad jurídica a los usufructuarios, quienes podrán construir en áreas más amplias y conservar la tierra mientras cumplan con sus contratos.
Además, introduce la posibilidad de otorgar tierras a personas naturales y jurídicas extranjeras, algo que genera inquietudes sobre la soberanía alimentaria del país. A pesar de estos cambios en beneficios de los inversionistas extranjeros, la ley mantiene elementos que limitan la propiedad privada para los propios cubanos.
Por ejemplo, se ratifica que la tierra es un bien de propiedad estatal y se imponen restricciones para los agricultores nacionales, quienes tampoco podrán arrendar, hipotecar ni usar sus tierras como garantía para obtener créditos. Lo anterior restringe su acceso a financiamiento e inversión.
Un aspecto controvertido es la regulación sobre las tierras ociosas. Según el anteproyecto, aquellas que no sean utilizadas eficazmente podrán ser declaradas improductivas y confiscadas por el Estado. Este punto preocupa a los campesinos, quienes temen perder sus tierras ante posibles interpretaciones arbitrarias de las autoridades.
El documento también impone restricciones a los propietarios que emigran. Quienes abandonen el país deberán ceder sus tierras al Estado, lo que representa un obstáculo para la inversión de la diáspora cubana. Además, endurece los requisitos para la herencia: solo los familiares que trabajen activamente la tierra podrán recibirla, lo que podría derivar en que muchas propiedades pasen a manos estatales.
En cuanto a la distribución actual de la tierra, el Minag reporta que existen 128.683 propietarios y 275.762 usufructuarios en el país. Hasta la fecha, se han entregado 2.222.000 hectáreas en usufructo, pero 401.767 siguen ociosas. La mayor parte del terreno se destina a la ganadería (56%), mientras que el 20% se usa para cultivos temporales y el 24% para cultivos permanentes.
La propuesta también contempla el desarrollo de la agricultura en pequeña y mediana escala como parte de los sistemas alimentarios locales. Sin embargo, se mantiene la prioridad para los polos productivos estatales, lo que limita la expansión de iniciativas privadas en el sector agropecuario.
El anteproyecto de ley, elaborado desde 2017 por un grupo de trabajo de 53 miembros, refleja una continuidad en el modelo de control centralizado sobre la tierra. Para los campesinos, representa un marco restrictivo que impide el desarrollo de un mercado de tierras libre y autónomo, poniendo en riesgo la sostenibilidad del sector agrícola cubano.
La legislación mantiene al Estado como actor central en la gestión de tierras, dejando poco espacio para la iniciativa privada y la inversión extranjera en el sector.
