El cubano Rolando Ramírez Fuentes, de 57 años y residente en Tampa, Florida, figura entre siete inmigrantes que presentaron una demanda federal contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos por la presunta retención injustificada de documentos y pertenencias personales después de recuperar su libertad.
Ramírez Fuentes asegura que la agencia no le devolvió su licencia de conducir de Florida ni su tarjeta del Seguro Social, situación que le ha impedido conseguir empleo y pagar una vivienda. Según el expediente judicial, también ha tenido dificultades para recibir atención médica por una enfermedad cardíaca.
La demanda fue presentada el 13 de octubre de 2026 ante el Tribunal Federal del Distrito de Columbia, con el respaldo de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU). Los demandantes acusan a ICE de mantener una práctica de retención de bienes sin justificación legal después de liberar a inmigrantes detenidos.
Cubano pasó nueve meses detenido por ICE antes de conseguir su libertad
Ramírez Fuentes llegó a Estados Unidos desde Cuba en 1980, cuando tenía aproximadamente 11 años. Su historial migratorio incluye una orden de deportación emitida después de una condena penal relacionada con drogas en 2003.
A partir de 2004 permaneció en territorio estadounidense bajo una orden de supervisión migratoria. Sin embargo, el 23 de julio de 2025 fue detenido nuevamente por agentes de ICE cuando se encontraba fuera de su centro de trabajo.
El cubano permaneció privado de libertad hasta el 28 de abril de 2026, cuando un juez federal ordenó su liberación tras examinar un recurso de habeas corpus. La decisión respondió a la falta de perspectivas razonables de ejecutar su deportación en un futuro previsible.
Una situación comparable ocurrió recientemente en Nevada, donde una jueza ordenó liberar a otro cubano ante la ausencia de pruebas de una deportación viable. También en Texas, un inmigrante cubano consiguió salir de un centro de ICE después de ocho meses mediante un recurso de habeas corpus.
En el caso de Ramírez Fuentes, la orden judicial permitió su liberación, pero no eliminó la orden de deportación existente ni le concedió un nuevo estatus migratorio.
La retención de documentos le impidió trabajar y pagar una vivienda
Según la demanda judicial presentada contra el Departamento de Seguridad Nacional, ICE conservó documentos personales de Ramírez Fuentes después de su liberación, sin explicar los motivos ni facilitarle copias.
El expediente, identificado con el número 1:26-cv-03564, señala que el cubano solicitó la devolución de sus pertenencias, pero no obtuvo resultados.
Sus representantes legales argumentan que los documentos no eran falsificados, no constituían pruebas de un delito y pertenecían legítimamente al demandante.
La falta de identificación dificultó sus posibilidades de acceder a un empleo. Como consecuencia, según su reclamación, perdió los recursos necesarios para costear alojamiento y terminó sin hogar. Esa situación continuaba cuando se presentó la demanda, más de cinco meses después de su liberación.
El caso ocurre en un contexto de intensificación de las acciones migratorias estadounidenses. Durante octubre, ICE informó sobre el arresto de dos cubanos en Florida con antiguas órdenes de deportación.
Las detenciones prolongadas también han afectado a otros inmigrantes cubanos. Entre ellos figura un camionero con autorización laboral vigente hasta 2029 que llevaba más de un año bajo custodia migratoria.
Demanda colectiva contra ICE por documentos retenidos a inmigrantes
La reclamación de Ramírez Fuentes forma parte del proceso Gonzalez contra el Departamento de Seguridad Nacional, en el que siete antiguos detenidos cuestionan la actuación de las autoridades federales.
Entre los bienes reclamados figuran pasaportes, licencias de conducir, tarjetas del Seguro Social, permisos de trabajo, teléfonos celulares, llaves de vehículos, dinero y objetos personales.
Otro demandante, Vladimir Izmailov, ciudadano ruso nacido en Ucrania, sostiene que la retención de su autorización laboral le impidió conseguir empleo estable. Según el expediente, su familia ha tenido que pedir dinero prestado para pagar el alquiler.
Los abogados consideran que estas actuaciones vulneran la Cuarta Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege frente a registros e incautaciones irrazonables. También cuestionan el cumplimiento de las directrices administrativas de ICE sobre custodia y devolución de pertenencias.
La demanda solicita que el tribunal reconozca el procedimiento como una acción colectiva, declare ilegales las retenciones injustificadas y ordene medidas para garantizar la devolución de los bienes.
El litigio se suma a otras controversias migratorias que afectan a ciudadanos cubanos. Una de ellas es la demanda de 992 cubanos con formulario I-220A que continúa tramitándose en una corte federal de Miami, aunque ambos procesos plantean cuestiones jurídicas diferentes.
Hasta el momento, las acusaciones sobre la retención de documentos no constituyen hechos declarados probados mediante sentencia. El Departamento de Seguridad Nacional tampoco había ofrecido una respuesta pública sobre los señalamientos cuando se difundió la reclamación.
