El gobierno de Estados Unidos inició un proceso de desnaturalización y deportación contra el ciudadano cubano Yoskmaikel Rodríguez Pérez, de 45 años, tras ser acusado de ocultar un fraude superior a 886.694 dólares al programa de salud Medicare antes de obtener su ciudadanía.
La medida forma parte de una ofensiva federal sin precedentes que endurece los controles migratorios y pone bajo la lupa a la comunidad cubana radicada en el sur de Florida.
El caso de Yoskmaikel Rodríguez Pérez en Florida
La demanda de cuatro cargos fue presentada ante el Tribunal del Distrito Sur de Florida. Según los fiscales, Rodríguez Pérez operaba una clínica que presentó reclamaciones fraudulentas antes de su naturalización en 2018 —proceso para el cual obtuvo la residencia en 2004— y posteriormente fue condenado por conspiración para cometer fraude sanitario y electrónico.
Ante esta situación, el fiscal general adjunto en funciones, Todd Blanche, describió a los señalados como “extranjeros criminales que mintieron para obtener la ciudadanía estadounidense” y afirmó que la institución continuará “persiguiendo agresivamente la desnaturalización para restaurar la integridad del proceso de naturalización”.
Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, declaró: “Cuando cometes fraude durante el proceso de naturalización, pierdes el derecho a conservar tu ciudadanía estadounidense”.
No obstante, la acción legal no implica una pérdida definitiva de la nacionalidad, ya que un juez federal deberá examinar las acusaciones.
Una ofensiva federal que apunta a la comunidad cubana
El expediente de Rodríguez Pérez se suma a otros procesos similares contra nacionales de la isla. En marzo, un tribunal federal despojó de la nacionalidad a Mirelys Cabrera Díaz, residente de Hialeah, condenada en 2019 por un desfalco a Medicare que superó los seis millones de dólares.
Asimismo, las autoridades presentaron demandas contra Leidys Delmas García, vinculada a una red de terapias físicas con cobros millonarios injustificados, y Milagros Marileisis Acosta Torres.
Estas acciones responden a una estrategia impulsada por la administración de Donald Trump para incrementar drásticamente los procedimientos de anulación. Entre 1990 y 2017, el promedio anual apenas alcanzaba las once demandas, mientras que para el año fiscal 2026, que concluye el 30 de septiembre, se proyectan al menos 250 casos.
Controles reforzados y perspectivas futuras
El endurecimiento de los controles también se refleja en las normativas vigentes desde diciembre de 2025, cuando Cuba pasó a integrar un grupo de 19 países sujetos a supervisión extraordinaria en solicitudes migratorias y trámites de ciudadanía.
Las autoridades advierten que este escenario continuará expandiéndose. Al respecto, Brett A. Shumate, responsable de la División Civil del Departamento de Justicia, advirtió: “Apenas hemos arañado la superficie; muchas más demandas están por venir”.
