La demanda Bello-Rubio, relacionada con el parole y los cubanos con formulario I-220A, permanece a la espera de decisiones judiciales que podrían definir su continuidad y alcance. Los nuevos argumentos del gobierno para pedir la desestimación podrían llevar a la jueza Jacqueline Becerra a precisar su posición sobre uno de los puntos centrales del litigio.
Así lo explicó la abogada Claudia Cañizares en una entrevista con Cuba en Miami, donde expresó confianza en la respuesta que preparaba el equipo legal.
Sin embargo, aclaró que seguían pendientes tanto la solicitud para certificar el proceso como la demanda colectiva como la protección solicitada para sus participantes frente a deportaciones.
Para los cubanos que siguen esta disputa con la expectativa de acceder a la residencia mediante la Ley de Ajuste Cubano, la próxima resolución podría aportar claridad. Hasta el momento descrito en la entrevista, no existía una decisión que reconociera un beneficio general para las personas con I-220A.
Nuevos argumentos del gobierno y respuesta de los abogados
Según Cañizares, durante la última audiencia el gobierno expuso un argumento para cerrar el caso que no había desarrollado en su moción escrita. La jueza advirtió esa diferencia y rechazó la desestimación en ese momento, aunque permitió modificar la presentación para incorporar lo planteado oralmente.
La abogada subrayó que esa actuación corresponde a una enmienda de la solicitud de desestimación. No debe confundirse con la consolidación de demandas, un procedimiento distinto que también apareció durante la conversación sobre otros litigios relacionados.
El equipo legal debía contestar la nueva presentación gubernamental. Cañizares aseguró que se sentían “bastante cómodos con la argumentación” que estaban preparando. Esa valoración expresa la confianza de los representantes, pero no anticipa el criterio que adoptará el tribunal ni permite dar por resuelta la controversia.
A juicio de la abogada, responder a los nuevos argumentos podría exigir un análisis más cercano al planteamiento sobre el parole defendido por los demandantes. Una resolución fundamentada ofrecería, en su interpretación, indicios más claros acerca de la postura judicial sobre ese punto.
Demanda colectiva y protección contra deportaciones
La certificación como demanda colectiva seguía sin resolverse al momento de la entrevista. Cañizares indicó que se habían presentado enmiendas y respuestas del gobierno, pero que todavía era necesaria una discusión posterior ante el tribunal sobre este asunto y la protección solicitada.
El alcance de cualquier resultado favorable dependerá de los términos de la orden judicial y de la definición del grupo beneficiado. Una resolución aplicable únicamente a los demandantes no tendría necesariamente los mismos efectos que otra dictada dentro de un proceso certificado como colectivo.
Por ello, continúa pendiente determinar si personas ajenas al litigio podrían beneficiarse. La solicitud de protección frente a deportaciones tampoco debe confundirse con una medida ya concedida: el material explicado por la abogada la sitúa entre las cuestiones que aguardaban decisión.
