Un juez federal de Boston ordenó este martes a la administración de Donald Trump revertir la cancelación del estatus legal de miles de migrantes que entraron a Estados Unidos mediante la aplicación CBP One, entre ellos cubanos.
La jueza federal Allison Burroughs determinó que el Departamento de Seguridad Nacional incumplió los procedimientos requeridos al enviar correos masivos declarando que el parole había terminado sin una justificación individual.
La decisión cobra relevancia porque puede devolver la base legal de permanencia y, en determinados casos, restablecer beneficios asociados como la autorización de trabajo.
El DHS en los primeros meses de la administración Trump notificó a numerosos beneficiarios que era hora de abandonar el país, pese a que debía dejar constancia de que un funcionario había evaluado individualmente si el propósito del parole ya se había cumplido. Para la corte, esa actuación excedió la autoridad legal del gobierno y contradijo sus propias regulaciones.
El fallo afecta a una política que alcanzó a una parte de las más de 900.000 personas que ingresaron utilizando CBP One, una herramienta impulsada durante la administración de Joe Biden para ordenar el cruce en la frontera con México.
Democracy Forward, grupo legal que promovió la impugnación, celebró la decisión como un freno a la eliminación masiva de estatus; el gobierno la rechazó y la calificó como una interferencia judicial en la política migratoria de Trump.
Qué cambia para los cubanos con CBP One
De acuerdo con la explicación del abogado Ismael Labrador, la consecuencia inmediata es que a quienes recibieron la cancelación del parole se les devuelve ese estatus, siempre que no se haya vencido por su término natural.
En su lectura, la resolución beneficia a las personas que recibieron el correo con el aviso de que su permiso quedaba terminado y que, desde ahora, pueden volver a sostener que su presencia en el país tiene respaldo legal.
Labrador sostiene además que esta restauración puede tener efectos concretos sobre otros trámites. Si un migrante presentó un ajuste de estatus o una petición familiar y luego sufrió un revés por no contar con parole válido, ahora podría tener argumentos para reabrir la discusión.
También afirma que quienes recibieron un permiso de trabajo ligado a ese parole podrían defender que dicho documento vuelve a estar vigente durante la vida útil del beneficio migratorio recuperado.
No obstante, el propio abogado introduce límites claros. El primero es que la sentencia no revive un parole que ya expiró por fecha.
El segundo es que quienes devolvieron físicamente su permiso de trabajo en cumplimiento de instrucciones previas tendrían que pedir un reemplazo, con la demora que eso supone.
En otras palabras, el fallo abre una ventana legal, pero no corrige de forma automática todos los efectos prácticos que dejó la cancelación masiva.
Riesgos que no desaparecen
Uno de los puntos más sensibles para los cubanos es el riesgo de detención. Labrador reconoce que, en teoría, una persona con parole válido no debería ser tratada como alguien sin estatus.
Sin embargo, advierte que la práctica migratoria reciente demuestra otra cosa: aun con documentos o solicitudes pendientes, hay migrantes que terminan detenidos. Por eso, su valoración evita presentar la decisión judicial como un blindaje absoluto frente a ICE.
Sobre quienes ya están en centros de detención, el abogado adopta una postura más reservada. Señala que la resolución puede servir para pedir la liberación y argumentar ante un juez que la persona tiene permiso para permanecer en EEUU.
Pero aclara que no cree que la medida cambie demasiado, por sí sola, la situación de quienes ya están sometidos a procesos en corte migratoria.
El origen del fallo también resulta relevante. La decisión nació de una demanda colectiva presentada en agosto por tres personas de Venezuela, Cuba y Haití, junto con la Asociación Venezolana de Massachusetts.
Labrador subraya que este resultado no surgió por voluntad política del gobierno, sino por la presión de los tribunales. A su juicio, las demandas federales se han convertido en la principal herramienta para frenar medidas que considera abusivas dentro de la actual política migratoria.
