La batalla legal de los cubanos que buscan asilo en Estados Unidos se intensifica, ya que la administración de Donald Trump intenta deportar a los solicitantes a terceros países como Uganda y Ecuador.
Este movimiento ha generado preocupación y escepticismo entre los migrantes cubanos, quienes enfrentan la posibilidad de ser enviados a naciones que no garantizan su seguridad ni bienestar.
El abogado Wilfredo ‘Willy’ Allen, experto en temas de inmigración, explicó en una reciente conversación con el periodista especializado Daniel Benítez los desafíos legales que enfrentan los cubanos en esta situación.
En los últimos meses, varias mociones legales han sido presentadas en las cortes federales para detener las deportaciones a terceros países. Según Allen, las mociones han sido rechazadas en algunos casos, y las estrategias legales se centran en tres puntos claves:
- Falta de tiempo en la presentación de las mociones
- La mala fe del gobierno al enviar migrantes a países que no ofrecen garantías
- Falta de evidencia de que esos países puedan recibir a los migrantes de manera segura
Allen señala que países como Honduras, Ecuador y Uganda han rechazado aceptar a más cubanos o no han garantizado su seguridad. El objetivo, según el especialista, es presionar a los migrantes cubanos para que abandonen su solicitud de asilo y acepten la salida voluntaria, una estrategia que afecta gravemente los derechos de los solicitantes.
La idea detrás de esta táctica es forzar a los migrantes a regresar a Cuba o aceptar la deportación sin la oportunidad de defender su caso adecuadamente. Esta práctica, que el abogado califica de “mala fe”, se basa en un juego de intimidación diseñado para desmoralizar a los migrantes y hacer que abandonen su lucha legal.
En respuesta a estos intentos de deportación, Allen y su equipo de abogados están luchando en las cortes federales para garantizar que los cubanos puedan permanecer en EEUU mientras se resuelve su caso de asilo.
El abogado enfatiza que cada caso debe ser tratado de manera individual y que no se deben aceptar decisiones arbitrarias que pongan en riesgo la seguridad de los migrantes. Además, Willy asegura que las mociones están siendo revisadas por jueces que podrían tomar decisiones favorables para los solicitantes de asilo, lo que podría cambiar el panorama para muchos.
La sobrecarga de las cortes de inmigración en EEUU también es un factor clave en este proceso. Según informes recientes, más de 196.000 personas han sido enviadas a la corte por el USCIS, lo que ha generado una acumulación de casos y ha dificultado la capacidad del gobierno para gestionar adecuadamente las solicitudes de asilo.
Allen subraya que el gobierno está utilizando esta situación a su favor, presionando a los migrantes con tácticas de intimidación y con la esperanza de que muchos abandonen sus esfuerzos por quedarse en el país.
Otro aspecto destacado es el costo económico que implica la detención prolongada de los migrantes. En muchos casos, los detenidos son trasladados a prisiones privadas que cobran al gobierno tarifas exorbitantes, como en el caso de los centros de detención en Texas, donde se paga hasta $1.200 por día por cada persona detenida.
Según Allen, esta es una de las principales razones por las cuales el gobierno mantiene a tantos migrantes detenidos sin una solución clara, en un proceso que parece más motivado por razones económicas que por un interés legítimo en resolver los casos de asilo.
