El régimen castrista ha sorprendido al mundo con una reciente declaración en la que muestra su supuesta disposición a compensar a los ciudadanos estadounidenses cuyas propiedades fueron expropiadas en Cuba tras la Revolución de 1959.
Esta propuesta, aunque ambiciosa, está cargada de incertidumbres y ha sido recibida con escepticismo por muchos analistas, quienes consideran que podría tratarse de una estrategia para distraer la atención y ganar tiempo en las negociaciones con la administración de Donald Trump.
Sobre el tema, el periodista Mario Pentón conversó con el abogado especializado Nick Gutiérrez. Según el especialista, la propuesta está dirigida solo a un sector muy específico: las 5.913 compañías y familias estadounidenses que perdieron sus propiedades a principios de los años 60.
Sin embargo, esta cifra es limitada y no refleja el total de las expropiaciones realizadas a los propios ciudadanos cubanos y de otras nacionalidades que eran dueños de negocios y propiedades a la llegada al poder de los comunistas.
¿Cuánto vale lo expropiado y cómo se pagará?
El valor de las propiedades confiscadas a los estadounidenses es significativo. En los años 60, estas propiedades fueron valoradas en cerca de 2.000 millones de dólares. Con los intereses acumulados durante más de seis décadas, el valor actual de estas propiedades podría superar los 10.000 millones de dólares.
La pregunta sobre cómo Cuba pagará las compensaciones por las propiedades expropiadas a ciudadanos estadounidenses sigue siendo un misterio, ya que el régimen no ha proporcionado detalles claros sobre el mecanismo financiero detrás de esta propuesta.
Sin embargo, algunos analistas señalan que la compensación está ligada a la esperanza de que Estados Unidos levante el embargo y que esto impulse nuevas inversiones en la Isla. Con ese dinero que llegue el régimen se propone pagar a quienes robaron durante la década de 1960.
La Ley Helms-Burton codifica todo el proceso
Otra traba para el proceso de compensación es la propia legislación estadounidense, como la Ley Helms-Burton. Dicha normativa exige que Cuba celebre elecciones libres y permita la existencia de partidos de oposición, condiciones que el régimen cubano no está dispuesto a cumplir.
Además, no permite que la devolución de propiedades cause el desalojo de las familias cubanas que actualmente ocupan esas viviendas. De hecho, muchas de estas casas han sido ocupadas por generaciones de cubanos desde 1959.
En ese sentido, Gutiérrez señala que estos acuerdos no se lograrán bajo el actual liderazgo cubano. El régimen parece estar utilizando esta propuesta como una táctica para ganar tiempo y esperar un cambio en la política estadounidense que le favorezca.
Principales activos expropiados por el régimen de Fidel Castro
- Infraestructuras portuarias y aeroportuarias:
Puerto de La Habana: Mickael Behn reclama derechos sobre las instalaciones portuarias que fueron convertidas en un centro clave para el negocio de cruceros.
Puerto de Santiago de Cuba: Javier García Bengochea mantiene reclamaciones sobre uno de los puertos más importantes de la isla.
Aeropuerto de Rancho Boyeros (hoy Aeropuerto Internacional José Martí): José Ramón López Regueiro reclama ser heredero de este aeropuerto y los intereses vinculados a Cubana de Aviación, que pertenecían a su padre antes de la confiscación.
- Sector azucarero:
Julio Lobo (“Rey del Azúcar”): Fue despojado de 14 ingenios y extensas tierras cañeras, lo que le permitió al Estado cubano tomar el control de una parte decisiva de la industria azucarera en Cuba.
36 Centrales Azucareros en manos de empresas estadounidenses: Nacionalización de propiedades clave para la economía cubana, las cuales fueron absorbidas por el régimen.
Hacienda de la familia Sánchez Hill: Propiedad de 486 km² ubicada en Holguín, vinculada a Santa Lucía Company SA, una de las mayores fincas azucareras de Cuba.
- Empresas y activos industriales:
Bacardí: La compañía perdió sus activos en Cuba, incluyendo la infraestructura vinculada a la producción de ron, y trasladó su centro de operaciones fuera del país tras la confiscación.
382 grandes empresas nacionalizadas: Entre ellas, bancos, fábricas, destilerías y grandes cadenas comerciales. Este proceso comenzó con la Ley 890 y 891 en octubre de 1960.
- Viviendas y propiedades urbanas:
Ley de Reforma Urbana (1960): Transformó el mapa patrimonial de las ciudades cubanas, colocando bajo control estatal los negocios de alquiler privado de inmuebles, lo que afectó a miles de familias que perdieron casas y propiedades en las ciudades.
- Pequeñas empresas y comercios:
Ofensiva Revolucionaria (1968): Esta medida resultó en la desaparición de unas 58,000 pequeñas y microempresas en Cuba. Entre las empresas afectadas estaban barberías, cafeterías, talleres y comercios familiares, lo que destruyó casi todo vestigio de la iniciativa privada en la economía cubana cotidiana.
