El expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien gobernó Colombia entre 2002 y 2010, fue declarado culpable este lunes de soborno a testigos y fraude procesal, en un fallo histórico que marca el primer juicio penal contra un exmandatario en el país.
La jueza Sandra Liliana Heredia Aranda determinó que Uribe intentó manipular a testigos para que mintieran a su favor y evitar así ser vinculado con grupos paramilitares de ultraderecha en la región de Antioquia.
El juicio es el resultado de una denuncia presentada en 2012 contra el senador Iván Cepeda. Sin embargo, en 2018 el caso se tornó en contra de Uribe, cuando la Corte Suprema lo señaló por presuntamente intentar sobornar a testigos para encubrir sus vínculos con grupos paramilitares.
Según el fallo, el expresidente utilizó a su abogado Diego Cadena para contactar a paramilitares encarcelados y persuadirlos para que cambiaran sus testimonios, favoreciendo a Uribe y vinculando al senador Cepeda con actividades ilícitas.
La magistrada detalló que Uribe, a través de emisarios, ofreció beneficios a Juan Guillermo Monsalve, un exparamilitar que había declarado en contra de él. Este hombre, quien estaba detenido en una prisión de Bogotá, fue presionado para que modificara su declaración y dejara de hablar sobre los presuntos vínculos de Uribe con los paramilitares, además de incriminar a Cepeda en hechos ilícitos.
Este fallo ha causado un gran revuelo en la vida política del país, ya que Uribe es una figura central en la política colombiana, siendo el fundador y presidente honorario del partido Centro Democrático.
Además, el fallo ha tenido repercusiones en el seno del partido, que podría enfrentar consecuencias significativas de cara a las elecciones presidenciales de 2026.
La decisión también es un golpe a la influencia de Uribe, cuya figura ha sido determinante en la política colombiana durante las últimas dos décadas.
Durante la audiencia, Uribe participó de manera virtual y defendió su inocencia, asegurando que el juicio en su contra era de carácter político, impulsado por un deseo de “venganza” de la izquierda, la antigua guerrilla FARC, y el expresidente Juan Manuel Santos.
Aunque el fallo de este lunes representa una condena histórica, la decisión aún no es definitiva. La Fiscalía pide nueve años de prisión domiciliaria para el expresidente Álvaro Uribe y una multa millonaria.
Las leyes de la nación sudamericana establecen que los procesados por dicho delito podría enfrentar una pena de entre seis y doce años de prisión. La defensa del expresidente anunció que apelará la decisión, por lo que el caso continuará siendo objeto de atención en los tribunales colombianos.
Por su parte, la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia expresó su respaldo a la jueza Heredia, y pidió a las autoridades garantizar las medidas de protección necesarias ante las amenazas que ha recibido la magistrada por el carácter del caso.
Cabe recordar que en 2020, la Corte Suprema de Colombia ordenó el arresto domiciliario del expresidente. “La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la Patria”, dijo el exmandatario en X.
