Decretan prisión provisional para cubanos que protestaron tras el paso del huracán Rafael

La Fiscalía ha subrayado que su intervención es necesaria para preservar lo que llama la “legalidad socialista” y el “respeto a la autoridad”. (Captura de pantalla © Canal Caribe – YouTube)

La Fiscalía General de la República de Cuba anunció la encarcelación provisional sin derecho a fianza o a un juicio justo de varios ciudadanos cubanos que participaron en protestas para exigir la restauración de servicios básicos después del paso del huracán Rafael.

Según la nota oficial divulgada por los medios de propaganda comunista, las manifestaciones surgieron en las provincias de La Habana, Mayabeque y Ciego de Ávila. Ahora los ciudadanos enfrentarán todo el poder del régimen dictatorial que los acusa de “atentado”, “desórdenes públicos” y “daños”. Todos los “delitos” tienen la agravante de haberse producido durante una situación de emergencia, por lo cual la Fiscalía General advierte que las condenas serán ejemplarizantes.

El gobierno castrista justifica las detenciones argumentando que el orden y la disciplina son esenciales para la recuperación en tiempos de crisis, especialmente tras el impacto devastador del huracán Rafael en la infraestructura eléctrica. Según el comunicado oficial, el Ministerio del Interior también presentó pruebas de supuestas agresiones contra funcionarios e inspectores que supervisaban los esfuerzos de recuperación.

La Fiscalía ha subrayado que su intervención es necesaria para preservar lo que llama la “legalidad socialista” y el “respeto a la autoridad”. Sin embargo, esta acción ha generado inquietud entre los ciudadanos, muchos de los cuales consideran que la medida es un intento de acallar la disidencia y restringir la libertad de expresión, incluso en situaciones de emergencia.

El régimen prometió que los procesos judiciales avanzan rápidamente y que los imputados serán presentados en breve ante los Tribunales cuando termine de construírseles las carpetas de acusación. Esta celeridad contrasta con la lentitud en resolver problemas estructurales como el colapso energético, lo cual continúa afectando a miles de cubanos. Los manifestantes, en su mayoría, demandaban mejoras en los servicios básicos y cuestionaban la falta de respuesta gubernamental.

Desde el gobierno se insiste en que cualquier acto de protesta debe realizarse en “respeto a la legalidad y las normas de convivencia social”, y que quienes desobedecen se exponen a ser sancionados penalmente.

Las detenciones durante el huracán Rafael se suman a un historial de represión de protestas y disidencias en Cuba, lo cual se evidencia en el creciente número de presos políticos. Organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación ante la falta de transparencia en estos procesos judiciales y el uso de las leyes para silenciar voces críticas.

La Fiscalía cubana sostiene que está cumpliendo con su “misión constitucional” de mantener la paz social. Sin embargo, esta misión ha sido criticada ampliamente, pues muchos cubanos sienten que el gobierno usa la ley para imponer un clima de silencio y censura en la Isla.