El Departamento de Estado de Estados Unidos aseguró este viernes que la administración de Donald J. Trump trabajará para eliminar redes extranjeras vinculadas a países considerados adversarios, entre ellos, Cuba, que operen en el país.
La declaración llega luego de una acusación federal que involucra a dos ciudadanos de origen cubano señalados por su presunta participación en un plan de asesinatos dirigido desde Rusia.
La cancillería estadounidense publicó en X un mensaje donde calificó la investigación como una muestra de la amenaza que representan las estructuras que operan en territorio estadounidense bajo órdenes de gobiernos extranjeros.
“El complot de asesinato descrito en esta acusación es otro testimonio de la amenaza persistente de redes cubanas subversivas y otras redes extranjeras que operan en nombre de nuestros adversarios en suelo estadounidense. La administración Trump está luchando para aplastar estas redes de una vez por todas”, indicó.
The assassination plot described in this indictment is yet another testament to the persistent threat of subversive Cuban and other foreign networks operating on behalf of our adversaries on U.S. soil.
The Trump administration is fighting to crush these networks for good.…
— Department of State (@StateDept) September 18, 2026
Cubanos aparecen entre cinco acusados
La declaración del Departamento de Estado ocurrió después de que el Departamento de Justicia presentara cargos contra cinco personas relacionadas con servicios de inteligencia rusos ante la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.
Entre los acusados figuran los cubanos Oemis Romagoza Durruthy y Yaidel Delgado Suárez, ambos de 35 años. El primero nació en Camagüey y actualmente reside en Petrozavodsk, Rusia, donde administra una academia de baile latino llamada “Made in Cuba”.
La acusación describe a Delgado Suárez, conocido como “Viking”, como un “reclutador prolífico” que habría buscado incorporar a diferentes personas dentro de Estados Unidos para participar en operaciones coordinadas.
Según los documentos judiciales, Romagoza habría participado en acciones de sabotaje relacionadas con intereses rusos en Europa. El expediente menciona incidentes ocurridos en Praga en junio de 2024 y en Lituania en septiembre del mismo año. También señala que en noviembre de 2025 consiguió imágenes de la residencia de un opositor ruso en Estados Unidos para facilitar labores de vigilancia.
Presunto plan para asesinar a un disidente ruso en EEUU
Los fiscales sostienen que Delgado Suárez y el venezolano Ángel Eduardo Castro, de 22 años, ofrecieron pagos a un residente estadounidense para realizar tareas de seguimiento antes de una operación. La propuesta habría incluido entre 1.000 y 1.500 dólares por vigilancia y 40.000 dólares por “eliminar” al objetivo identificado como Víctima-1.
La investigación también incluye al excoronel de inteligencia ruso Yuri Khrameev, de 63 años, conocido como “Coronel Yuri”, y a su hijo Kirill Khrameev, de 27 años, señalado como oficial del Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB). Ambos permanecen prófugos.
Los fiscales indicaron que Khrameev padre habría ofrecido 25.000 dólares para asesinar a un opositor ruso en Lituania, al que describió como alguien que “difundía suciedad sobre mi país”.
John A. Eisenberg, fiscal general adjunto para Seguridad Nacional, afirmó que los acusados “supuestamente operaron como parte de una red global de asesinatos que llegó hasta Estados Unidos, intentando reclutar a ciudadanos estadounidenses y extranjeros para cometer crímenes por orden del Kremlin”.
Washington vincula el caso con su ofensiva contra Cuba
Los cinco imputados enfrentan cargos que podrían implicar hasta 20 años de prisión por conspiración para financiar terrorismo. Además, Khrameev padre, Delgado Suárez y Castro enfrentan acusaciones adicionales por conspiración para cometer asesinato por encargo.
El Departamento de Estado difundió junto a su mensaje un informe titulado “Cuba: la capital del comunismo del siglo XXI”, publicado originalmente en julio de 2026. El documento acusa al gobierno cubano de mantener durante décadas actividades de inteligencia y señala la existencia de instalaciones dedicadas a la recopilación de información en la isla.
El caso aparece un día después de que el secretario de Estado Marco Rubio anunciara nuevas sanciones contra entidades vinculadas al gobierno cubano. La administración estadounidense ha impuesto más de 240 medidas restrictivas contra La Habana desde enero de 2026, cuando declaró una emergencia nacional relacionada con Cuba.
