El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) solicitó la desestimación del caso en el que se acusa al presidente electo, Donald Trump, por la obstrucción del proceso electoral de 2020.
Los fiscales, liderados por el fiscal especial Jack Smith, presentaron la petición este lunes ante un tribunal federal, argumentando que la política de dicho departamento prohíbe el procesamiento de presidentes en funciones.
La acusación contra el futuro mandatario se centraba en su presunta conspiración para interferir ilegalmente en la certificación del Congreso de los resultados de la elección presidencial de ese año, donde resultó ganador el demócrata Joe Biden.
A pesar de solicitar la desestimación, Smith defendió los méritos del caso construido contra el presidente, destacando la solidez de las pruebas y la gravedad de los crímenes imputados.
Trump, quien ha negado cualquier irregularidad, ha prometido despedir a Smith y cerrar por completo la investigación, cuando comience su segundo mandato presidencial, tras ganar las elecciones a principios del actual mes.
La estrategia legal de los abogados de Trump, basada en retrasos procesales y audiencias aplazadas, parece haber sido clave para evitar la realización de un juicio en un tribunal federal, antes de las elecciones de 2024.
Trump es el primer presidente en ser acusado de delitos graves, y también se enfrenta a cargos en Florida por el presunto mal manejo de información clasificada tras dejar el cargo. Aunque ninguno de los casos federales contra él ha llegado a juicio, otros procesos legales estatales continúan activos.
En Nueva York, un jurado lo declaró culpable de 34 cargos por falsificar registros comerciales para encubrir pagos a cambio de silencio a Stormy Daniels, una estrella de cine para adultos. Sin embargo, la sentencia en ese caso ha sido retrasada mientras un juez decide cómo proceder.
Una situación que también le convierte en el primero en la historia de EEUU en ser declarado culpable en un proceso penal. Cada cargo conlleva una pena máxima de hasta cuatro años de prisión, pero debido a su historial sin antecedentes penales, es posible que reciba una condena de libertad condicional o arresto domiciliario.
Por su parte, en Georgia, el proceso relacionado con los intentos de Trump de anular los resultados de las elecciones de 2020 permanece suspendido debido a la controversia sobre la conducta del fiscal principal.
A diferencia del Departamento de Justicia, los fiscales estatales no están sujetos a restricciones que impidan acusar a presidentes en funciones. Esta diferencia podría permitir que los casos estatales contra Trump continúen avanzando, mientras se prepara para regresar a la Casa Blanca.
