Departamento de Seguridad Nacional obtiene datos de millones de migrantes inscritos al Medicaid

Funcionarios de Medicaid aseguran que nunca habían compartido datos de beneficiarios con el DHS. (Foto © Periódico Cubano)

La administración de Donald Trump permitió al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) acceder a los datos personales de millones de inmigrantes inscritos en Medicaid, una acción que podría facilitar la localización de personas y que se enmarca dentro de la ofensiva contra la inmigración ilegal.

El hecho se dio a conocer a través de un memorando interno y correos electrónicos obtenidos por The Associated Press. Los datos provienen de estados como California, Illinois, Washington y Washington D. C., que permiten que no ciudadanos se inscriban en el programa Medicaid utilizando fondos estatales.

Las autoridades de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés) intentaron detener la transferencia, argumentando que violaría leyes federales, como la Ley de Seguridad Social y la Ley de Privacidad de 1974.

A pesar de los intentos de bloquear la medida, el 10 de junio, los funcionarios del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) ordenaron que se entregara la información al DHS, argumentado que la acción era completamente legal.

La transferencia de estos datos podría tener un grave impacto en los inmigrantes, quienes temen que la información se utilice para facilitar su localización y deportación. Los expertos advierten que esta acción podría dificultar aún más el proceso de obtener residencia legal o ciudadanía, especialmente para aquellos que hayan utilizado Medicaid en el pasado.

La administración de Donald Trump aplica una política migratoria sin precedentes en Estados Unidos. (Captura de pantalla © El País – YouTube)

A pesar de los argumentos legales de los funcionarios de Medicaid, que afirmaron que este tipo de información nunca se había compartido con el DHS, el gobierno federal insistió en que la transferencia era necesaria para asegurar que los beneficios de Medicaid solo llegaran a personas con el derecho legal a recibirlos.

El portavoz del HHS, Andrew Nixon, defendió la medida, alegando que se cumplió con la ley y que era parte de los esfuerzos para garantizar la integridad del programa.

Este incidente también pone en evidencia la creciente resistencia de los estados demócratas ante las políticas de inmigración de Trump. En respuesta, California ha comenzado a congelar la inscripción en Medicaid para inmigrantes no autorizados debido a los recortes presupuestarios y las implicaciones legales de las nuevas políticas federales.

Además, algunos gobernadores han expresado su preocupación por las “implicaciones para las comunidades vulnerables”, ya que la transferencia de datos podría afectar a miles de personas que dependen de estos programas de salud para sobrevivir. La situación también ha provocado un debate sobre el acceso a la salud para los inmigrantes y la ética de compartir información personal sensible con agencias de inmigración.

Desde la Casa Blanca, el gobierno de Trump ha sostenido que los programas de Medicaid para inmigrantes no autorizados representan una “apertura” para que los inmigrantes ilegales se beneficien del sistema de salud, lo que, según la administración, afecta a los ciudadanos estadounidenses.

Trump ha reiterado que su administración continuará presionando para reducir el acceso a servicios públicos para los inmigrantes ilegales, asegurando que los fondos deben estar destinados a los ciudadanos y residentes legales.