Tras casi un mes de un robo millonario ejecutado contra una Mipyme privada en Sancti Spíritus la policía local localizó a los cuatro responsables que tras los interrogatorios confesaron su participación en los hechos.
De los cuatro individuos (todos con antecedentes penales), dos fueron identificados como los autores principales, mientras que los otros dos actuaron como colaboradores. Según el diario oficialista Escambray, el robo ocurrió el pasado 11 de julio contra la Mipyme mayorista Lancervi, ubicada en las cercanías del Chambelón, en Sancti Spíritus.
Los autores aprovechar un apagón para ingresar al local de la Mipyme y robar dos motores de combustión modernos, de 125cc y 200cc respectivamente, valorados en más de un millón de pesos cada uno; dos motorinas eléctricas; cinco teléfonos celulares de alta gama; diversas prendas de vestir y un carretón. Hasta el momento todos esos artículos se lograron recuperar, al igual que 2.500.000 de pesos cubanos (CUP) en efectivo.
De acuerdo con el Teniente Coronel Rolando Rodríguez Carmenate, jefe del órgano provincial de investigación criminal, los delincuentes accedieron al local escalando por el techo, creando una abertura en una teja.
Los dos cómplices que no ingresaron al local facilitaron la transportación de los artículos robados utilizando un carretón de caballo.
Con las pruebas recabadas por la policía, los delincuentes serán imputados por el delito de robo con fuerza en las cosas, mientras tanto permanecen detenidos en la unidad provincial de investigación criminal. La prensa oficialista indica que allí “se les han garantizado todos sus derechos procesales conforme a la ley”.
Además, la Fiscalía ha impuesto una medida cautelar de prisión provisional y se investiga la posible implicación de los detenidos en otros robos ocurridos en la ciudad.
Dos funcionarias de la Vivienda malversan más de medio millón de pesos
Esta semana también fue noticia la celebración del juicio a dos exfuncionarias de la Dirección Municipal de Vivienda en Cárdenas, acusadas y confesas de malversar recursos del estado.
El Tribunal Provincial Popular de Matanzas dictó con la exdirectora y la exinversionista una condena de cinco y cuatro años de prisión, respectivamente, tras ser halladas culpables también de falsificación de documentos.
La fiscalía demostró que la exdirectora firmó un contrato irregular con un trabajador por cuenta propia para la rehabilitación de edificios sin seguir los procedimientos legales. A pesar de que las obras nunca se ejecutaron, el pago de 531.486 pesos fue aprobado como si se hubiera completado satisfactoriamente.
Por su parte, la exinversionista no verificó la calidad de los trabajos ni exigió la documentación necesaria, lo que permitió el pago sin justificación. El tribunal las prohibió ejercer cargos relacionados con la administración de recursos y destacó la importancia del caso, dado el contexto de escasez económica en el país.
