
Varias empresas españolas, principalmente pequeñas y medianas empresas (pymes) catalanas, están enfrentando una crisis económica debido a una deuda de más de 350 millones de euros que el Estado cubano tiene con ellas.
Según una investigación del portal 14ymedio, Cuba mantiene un adeudo con unas 300 compañías españolas, especialmente aquellas dedicadas a la exportación de productos esenciales, incluyendo alimentos. A pesar de los acuerdos entre ambos países, la situación económica crítica de la Isla y la incapacidad de cumplir con sus obligaciones han puesto en jaque las relaciones comerciales.
De acuerdo con la patronal Fomento del Trabajo Nacional, el 40% de las empresas afectadas por la deuda cubana están ubicadas en Cataluña. Estas compañías han exportado suministros sanitarios, productos alimenticios y otros bienes esenciales a Cuba, pero se han visto gravemente afectadas por los impagos.
De hecho, un 15% de las compañías a las que Cuba les debe dinero se encuentran al borde de la quiebra o han tenido que cerrar por problemas con el flujo de efectivo. Esto ha llevado a la creación de la Plataforma de Afectados por los Impagos del Gobierno Cubano, que busca recuperar las deudas y proteger a las microempresas y pymes involucradas.
La deuda de Cuba con empresas españolas ha crecido desde 2019, cuando se estimaba en 336 millones de dólares. En noviembre de 2024, el secretario de Estado de Economía español, Israel Arroyo, confirmó que Cuba debía más de 2.000 millones de euros, lo que incluye tanto deudas soberanas como deudas con organismos multilaterales.
A pesar de los intentos del gobierno español por reestructurar estas deudas mediante acuerdos firmados entre 2015 y 2021, la situación está sin cambios y el deudor continúa con la morosidad de los pagos.
Sin embargo, la situación no afecta a todas las empresas por igual, pues las más grandes tienen mayor capacidad para lidiar con las deudas. Por ejemplo, a pesar de que el régimen castrista también les debe a las hoteleras como Meliá e Iberostar, estas continúan invirtiendo en Cuba.
No obstante, estas compañías enfrentan múltiples dificultades operativas, incluyendo una baja ocupación hotelera y problemas logísticos relacionados con el suministro de productos. Meliá, por ejemplo, ha tenido que establecer su propia importadora para garantizar los suministros necesarios para sus operaciones en la Isla.
La situación se ha complicado aún más desde abril de 2024, cuando el gobierno cubano tomó la decisión de no permitir la repatriación de ganancias en divisas extranjeras. Esta medida ha afectado gravemente la liquidez de los inversores extranjeros en la Isla.
Aunque Cuba ha propuesto la apertura de nuevas cuentas bancarias en divisas para suavizar el impacto, las restricciones sobre estas cuentas limitan las operaciones comerciales, lo que genera incertidumbre y afecta las relaciones económicas con España.