Un cubano recibió una condena de 10 años de privación de libertad por intentar arrebatarle el teléfono a una persona, según un reporte de la prensa oficialista.
En un intento por proyectar una imagen de control sobre el creciente índice de delincuencia en Cuba, el régimen sigue apostando por los llamados juicios ejemplarizantes, procesos judiciales diseñados no solo para sancionar a los acusados, sino también para enviar un mensaje de autoridad a la población.
Uno de los casos más recientes ocurrió en Santiago de Cuba, donde un hombre de 33 años fue condenado a una década de privación de libertad por el delito de robo con violencia o intimidación de las personas.
El juicio, llevado a cabo en la Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba, correspondió a la causa número 25 del 2025. Según la versión oficial, el acusado intentó arrebatar un teléfono Samsung a una joven en las inmediaciones del parque La Alameda el 9 de mayo de 2024.
La acción quedó en grado de tentativa gracias a la intervención de oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria, quienes patrullaban la zona y frustraron la huida del agresor. En el reporte no se menciona si la víctima sufrió algún daño físico.
Más allá del castigo impuesto al acusado, el proceso judicial se convirtió en un acto público cuidadosamente montado por las autoridades. Al juicio asistieron estudiantes de Derecho, representantes del grupo de prevención provincial, miembros de organizaciones de masas y, en un gesto que recuerda a las prácticas de adoctrinamiento más crudas del régimen, personas que cumplen sanciones penales en condiciones de libertad por delitos similares.
La escenificación no es casual. Durante años, la dictadura ha utilizado estos juicios como herramientas propagandísticas para generar la percepción de que el Estado mantiene el control sobre la seguridad ciudadana. Sin embargo, la realidad es otra: los índices de robos y violencia han aumentado en la Isla, reflejo de una profunda crisis económica y social que empuja a muchos a delinquir por necesidad.
El tribunal determinó que el acusado violó el artículo 415.1.2, inciso B, del Código Penal, que contempla penas de entre 7 y 15 años de prisión para este tipo de delito. Finalmente, se le impuso una condena de 10 años de privación de libertad, acompañada de la prohibición de salida del territorio nacional y la privación de derechos públicos.
La dureza de la sentencia no sorprende cuando se trata de casos que el régimen decide exhibir como ejemplo. En Cuba, los juicios ejemplarizantes siguen siendo un mecanismo de control social, diseñado para infundir miedo y reforzar la narrativa de que el régimen aún tiene el poder de impartir justicia. Pero la realidad en las calles cuenta una historia diferente: la inseguridad crece, y con ella, el descontento de un pueblo cada vez más harto de vivir bajo un sistema que solo responde con represión.
