Las autoridades federales de Estados Unidos buscan a una pareja de origen cubano acusada de formar parte de una red que habría utilizado información de más de 100 inmigrantes de la Isla para solicitar préstamos fraudulentos del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP).
El caso fue presentado este lunes por el fiscal general Todd Blanche durante un evento en Kansas City encabezado por el vicepresidente J.D. Vance, donde el Gobierno anunció nuevas acciones contra delitos relacionados con fondos públicos entregados durante la pandemia.
Los señalados son Adrián Rafael Pupo Pérez y Helen Yaima Leyva Santiesteban, quienes enfrentan 47 cargos federales por presunto fraude electrónico, lavado de dinero y conspiración. Según el Departamento de Justicia, ambos abandonaron Estados Unidos y actualmente permanecen prófugos.
De acuerdo con CBS News, la investigación apunta a que la pareja habría participado junto a más de 100 personas en un esquema que generó alrededor de 470 solicitudes falsas del programa de ayuda económica. Las peticiones buscaban obtener más de 4,5 millones de dólares, con cerca de 2,4 millones llegando a ser entregados.
“Después de enero de 220, Pupo Pérez, Leyva Santiesteban, y otros más de 100 individuos originalmente de Cuba, presuntamente buscaron préstamos PPP fraudulentos afirmando falsamente que eran empleados por cuenta propia”, indicó un comunicado compartido por el Departamento de Justicia de EEUU.
Solicitudes falsas involucraron a trabajadores cubanos en Iowa
Durante la presentación del caso, Blanche explicó que parte de las solicitudes fueron realizadas utilizando los nombres de inmigrantes cubanos que, según los fiscales, no cumplían los requisitos para recibir esos préstamos.
“Esta pareja ha huido del país […] y permanece prófuga, pero estamos trabajando arduamente para traerla de regreso”, afirmó el funcionario estadounidense.
🚨 WTF?! Todd Blanche reveals a scheme where two individuals attempted to obtain FRAUDULENT PPP LOANS on behalf of over 100 IMMIGRANTS from Cuba
And $2 MILLION was actually paid out to them. Our government is GROSSLY incompetent.
They’ve been charged, and DOJ is hunting them… pic.twitter.com/64M1XZ01Z8
— Nick Sortor (@nicksortor) September 14, 2026
El fiscal general detalló que las aplicaciones indicaban falsamente que más de 100 inmigrantes procedentes de Cuba trabajaban por cuenta propia y habían generado cerca de 100.000 dólares en ingresos durante 2019.
Sin embargo, las autoridades sostienen que esas personas no eran trabajadores independientes. La mayoría laboraba en una planta procesadora de carne ubicada en el norte de Iowa o tenía otros empleos en esa zona.
La causa ya había incluido a otros acusados. Entre ellos se encuentra Yovany Ciero, un ciudadano cubano que anteriormente fue sargento de las Fuerzas Armadas de Cuba y trabajaba en una procesadora de carne en Algona, Iowa.
Un cubano fue condenado por su papel como intermediario del fraude
Ciero fue declarado culpable en mayo de 2025 por cargos relacionados con fraude electrónico, lavado de dinero, transacciones con bienes provenientes de actividades ilícitas y conspiración.
Los investigadores señalaron que el cubano era uno de los seis intermediarios de la organización. Su función habría sido captar personas, recopilar sus datos personales y entregarlos a quienes presentaban las solicitudes fraudulentas ante instituciones financieras.
En diciembre de 2025, Ciero recibió una condena de cuatro años de prisión federal y una orden de restitución por 212.293 dólares. El Departamento de Justicia indicó que fue uno de los trabajadores de plantas procesadoras de carne de Iowa sentenciados por esta trama.
La investigación retomó relevancia tras el anuncio de una operación nacional contra fraudes cometidos con programas de ayuda durante la emergencia sanitaria. Según CBS News, la ofensiva incluye casos contra más de 160 personas y pérdidas estimadas en unos 245 millones de dólares para los contribuyentes.
Además, el vicepresidente J.D. Vance informó sobre la suspensión de aproximadamente 870.000 prestatarios de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA), quienes quedarán excluidos de determinados programas federales por sospechas de fraude.
Blanche aseguró que el Departamento de Justicia continuará persiguiendo a quienes hayan utilizado de manera ilegal recursos públicos, incluso si intentan evitar la acción de las autoridades saliendo del país.
