El Gobierno de los Estados Unidos presentará este miércoles 14 de octubre una propuesta que permitiría revisar con mayor rigor las renovaciones de visas laborales, incluso cuando el solicitante ya haya recibido una aprobación previa.
La iniciativa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) busca modificar los procedimientos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) para reforzar los controles sobre trabajadores extranjeros.
El proyecto, identificado como USCIS-2026-0529 y firmado por el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, propone suprimir la política conocida como “deferencia”.
Actualmente, ese mecanismo exige considerar favorablemente una decisión anterior cuando permanecen iguales las condiciones del empleo y del solicitante, salvo que existan errores, cambios relevantes o información adversa.
La eliminación alcanzaría a peticiones presentadas mediante el Formulario I-129, utilizado en categorías como H-1B, L-1, O-1, TN y E. Aunque las aprobaciones anteriores podrían seguir siendo consideradas, los funcionarios dejarían de estar obligados a respetar la determinación inicial sobre la elegibilidad.
Renovaciones de visas de trabajo podrían enfrentar mayores demoras
El propio DHS calcula que la modificación provocaría unas 6.044 solicitudes adicionales de documentación al año. Estos requerimientos, conocidos como RFE, obligan a los empleadores a aportar pruebas complementarias antes de obtener una respuesta definitiva.
Las estadísticas oficiales muestran diferencias importantes en los tiempos de resolución. Entre 2022 y 2025, las peticiones que recibieron requerimientos adicionales registraron una mediana promedio de 76 días, mientras aquellas sin observaciones necesitaron 12. La diferencia alcanza los 64 días.
Para profesionales cubanos empleados en hospitales, empresas tecnológicas y otras instituciones estadounidenses, una espera prolongada podría dificultar la planificación laboral. También quedarían expuestos artistas, deportistas y directivos que dependen de autorizaciones temporales vinculadas a sus actividades profesionales.
USCIS calcula que unas 208.429 peticiones anuales se beneficiaron de la deferencia entre los años fiscales 2022 y 2025. Esa cantidad representó aproximadamente el 30% de las solicitudes I-129 recibidas durante el período.
DHS utiliza cifras de incumplimiento para justificar la medida
La administración Trump sostiene que las aprobaciones anteriores no deben limitar las verificaciones posteriores. Para respaldar esa posición, presentó resultados de inspecciones laborales correspondientes a distintas etapas de aplicación de la política.
En las visitas examinadas, los índices combinados de fraude e incumplimiento relacionados con extensiones H-1B alcanzaron el 22,39% entre 2022 y 2025, frente al 16,77% registrado entre 2018 y 2020. En la categoría L-1A, los porcentajes fueron del 24,46% y el 18,37%, respectivamente. El DHS reconoce que otros factores también pudieron influir en esas diferencias.
La deferencia comenzó a aplicarse en 2004, fue retirada durante el primer mandato de Trump y recuperada por Joe Biden en 2021. Posteriormente, quedó incorporada a la normativa federal en diciembre de 2024.
La propuesta todavía no tiene carácter obligatorio. Los interesados podrán presentar observaciones durante los 30 días posteriores a su publicación, previsiblemente hasta el 13 de noviembre, mediante regulations.gov. Mientras tanto, permanece vigente el procedimiento actual. Los empleadores deben continuar acreditando los requisitos de cada solicitud, aunque exista una autorización previa.
