Estados Unidos ejecutó este lunes dos ataques contra embarcaciones identificadas como “narcolanchas” en el Pacífico Oriental, con un saldo de seis muertos y sin bajas estadounidenses, confirmó el secretario de Guerra, Pete Hegseth.
El vocero del gobierno precisó que la operación se realizó por orden directa del presidente Donald Trump, como parte de la ofensiva contra redes de narcotráfico catalogadas como organizaciones terroristas.
Según Hegseth, cada lancha era tripulada por tres hombres señalados como “narco-terroristas” y vinculados a rutas de tráfico de drogas hacia EEUU. Los ataques se llevaron a cabo en aguas internacionales del Pacífico Oriental, en un corredor marítimo usado por organizaciones criminales transnacionales.
El funcionario aseguró que inteligencia estadounidense habría identificado previamente a las embarcaciones como parte de estructuras de carteles y grupos designados como terroristas, e indicó que los blancos “transportaban cargamentos de narcóticos”.
Sin embargo, Washington no ha hecho pública evidencia independiente que corrobore el tipo de cargamento ni la identidad de los fallecidos. Los ataques se inscriben en una campaña iniciada en septiembre de 2025, cuando la administración Trump comenzó a emplear fuerza letal contra supuestos barcos de narcotráfico en el Caribe y, posteriormente, en el Pacífico.
Desde entonces, al menos 69 personas han muerto en 17 acciones documentadas contra 18 embarcaciones, según recuentos de prensa internacional y organizaciones de seguimiento. El discurso oficial busca reforzar la imagen de control y mano dura frente al crimen organizado.
La Casa Blanca y el Departamento de Guerra presentan estas operaciones como una extensión de la “guerra contra el narco-terrorismo”, orientada a “proteger el territorio estadounidense” atacando en alta mar a economías criminales que vinculan carteles latinoamericanos con mercados de droga en EEUU.
No obstante, expertos en derecho internacional y organizaciones de derechos humanos han advertido que estos ataques podrían constituir ejecuciones extrajudiciales si no se demuestra que las embarcaciones representaban una amenaza armada inminente o si no existió debido proceso para determinar responsabilidades penales.
También cuestionan la falta de información sobre la nacionalidad de las víctimas y la ausencia de mecanismos de reparación en caso de errores.
Juristas consultados por medios internacionales subrayan que, incluso frente a delitos graves como el narcotráfico, el uso de fuerza militar en aguas internacionales fuera de escenarios de conflicto armado reconocidos plantea serios interrogantes legales sobre proporcionalidad, competencia jurisdiccional y respeto a convenios internacionales.
En redes sociales, buena parte de los mensajes celebró la acción como una señal de firmeza contra los carteles, con comentarios que equiparan a los narcotraficantes con “tumores” a extirpar. Otros usuarios alertaron sobre el riesgo de normalizar ataques letales sin transparencia, recordando antecedentes de pescadores, migrantes o tripulaciones civiles atrapados en dinámicas de sospecha sin verificación independiente.
Organizaciones de la sociedad civil han comenzado a pedir al gobierno estadounidense y a los países de la región información detallada sobre las víctimas, los criterios de selección de objetivos y las garantías para evitar daños colaterales, así como mecanismos de investigación imparcial sobre cada operación.
