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EEUU prohíbe la validación de marcas confiscadas por el régimen cubano desde 1959
La ley es No Stolen Trademarks Honored in America Act of 2023 (Ley No Marcas Robadas Reconocidas en EEUU)
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó el pasado domingo la ley No Stolen Trademarks Honored in America Act of 2023 (Ley No Marcas Robadas Reconocidas en EEUU, que prohíbe el reconocimiento y la validación de marcas comerciales confiscadas por el régimen cubano desde 1959.
La medida, que tiene como objetivo proteger los derechos de los empresarios cuyos bienes fueron incautados cuando triunfó la revolución cubana, se aplica tanto a los tribunales como a las agencias del poder ejecutivo de EEUU.
La nueva legislación, aprobada por el Senado el pasado 21 de noviembre y por la Cámara de Representantes en el mismo mes, modifica la normativa vigente en relación con la validez de ciertas marcas comerciales en el país. Según la Casa Blanca, esta ley cambia la prohibición de reconocimiento de marcas confiscadas, ampliándola para incluir a cualquier actor que busque hacer valer marcas relacionadas con activos confiscados, salvo que se demuestre un consentimiento explícito del propietario original.
Entre las marcas que podrían verse afectadas por esta medida se encuentra el ron Havana Club, que fue vendido a Bacardí en los años 90, pero cuyo origen cubano ha generado controversias legales durante años. Bacardí ha estado luchando en los tribunales estadounidenses por la legitimidad de sus derechos sobre esta marca frente al régimen cubano y su distribuidor internacional, la empresa francesa Pernod Ricard.
La ley prohíbe a los tribunales estadounidenses y a las agencias federales hacer cumplir o validar las marcas relacionadas con negocios o activos confiscados, a menos que el propietario original o sus sucesores hayan dado su consentimiento explícito para su uso. Esta legislación refuerza la prohibición previamente existente, que solo aplicaba en casos donde un ciudadano cubano reclamaba la marca confiscada en EEUU.
Carlos Giménez, congresista republicano por la Florida y de origen cubano, celebró la aprobación de la ley. En un comunicado, destacó que el régimen de Castro ha tenido una “larga historia de confiscar activos y lucrarse con propiedad intelectual robada”. Además, subrayó su compromiso con la protección de los derechos de propiedad intelectual y con el trabajo bipartidista para impedir que los tribunales estadounidenses validen reclamaciones de marcas robadas por el gobierno cubano.
Por otro lado, el canciller cubano Bruno Rodríguez calificó la nueva ley como una “medida agresiva” y acusó a EEUU de buscar el robo de marcas cubanas legítimamente registradas. En un mensaje publicado en la red social X, el funcionario manifestó que la ley abre la puerta para la apropiación indebida de activos cubanos.