El 94% de los excarcelados en Cuba ya cumplía los requisitos para un “régimen carcelario domiciliario”

Organismos internacionales aseguran que las condiciones en las cárceles de Cuba no cumplen con los estándares adecuados. (Imagen de referencia © Periódico Cubano – Grok)

El gobierno cubano anunció el pasado 14 de enero, tras un acuerdo con el Vaticano, la excarcelación “gradual” de 553 personas sancionadas por diversos delitos. Sin embargo, de los 1.161 prisioneros políticos auditados a finales de 2024, solo 198 han pasado a un “régimen carcelario-domiciliar”, según Prisoners Defenders.

El 94% de ellos ya tenían derecho a libertad condicional o un régimen abierto desde hace más de un año. La comunidad internacional ha guardado silencio ante lo que parece ser una estrategia de manipulación del régimen cubano.

La cifra anunciada de 553 presos coincide con la cantidad de manifestantes pacíficos detenidos tras las protestas del 11 y 12 de julio de 2021. No obstante, otros 378 prisioneros políticos vinculados a esas manifestaciones permanecen en prisión. Según organizaciones de derechos humanos, la dictadura utilizó esta coincidencia numérica para confundir y dar la impresión de una liberación masiva de presos políticos, cuando en realidad la mayor parte de los beneficiados son delincuentes comunes.

El régimen cubano no ha ofrecido cifras detalladas sobre los excarcelados. Sin embargo, se estima que al menos 353 presos comunes fueron liberados junto con los 198 prisioneros políticos. Esta práctica ha sido criticada como una “farsa teatral” con la que el gobierno intenta manipular a la opinión pública nacional e internacional.

Las excarcelaciones se realizaron entre el 15 y el 20 de enero, con una única excepción el 30 de enero. Todas las liberaciones se otorgaron bajo la condición de un “régimen carcelario-domiciliar”, un esquema en el que los exreos siguen cumpliendo sus condenas en condiciones restrictivas y bajo vigilancia constante de la Seguridad del Estado.

El proceso de liberación se detuvo el 19 de enero y no se reanudó hasta la mañana del 20, finalizando en la noche. Horas después, la administración de Donald Trump anunció la reincorporación de Cuba a la lista de países patrocinadores del terrorismo. A pesar de la coincidencia temporal, el régimen cubano dejó claro que las excarcelaciones no formaban parte de ninguna negociación con el gobierno de Joe Biden, quien posteriormente retiró a Cuba de la lista.

Los prisioneros políticos liberados deben cumplir estrictas condiciones. No pueden salir de sus ciudades de residencia ni expresarse en redes sociales o medios de comunicación. Tampoco pueden establecer contacto con organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional o Prisoners Defenders. Aquellos que violen estas restricciones se exponen a ser reincorporados al sistema penitenciario sin previo aviso.

Muchos de los excarcelados están obligados a realizar trabajos forzosos asignados por la Seguridad del Estado. Además, tienen prohibido tramitar solicitudes consulares o viajar fuera de Cuba. Incluso a aquellos con derecho a la nacionalidad española se les han bloqueado los procesos de solicitud de pasaporte.

En este contexto, el régimen ha utilizado el acuerdo con el Vaticano para proyectar una imagen de apertura y buena voluntad ante la comunidad internacional. Sin embargo, la realidad es que la cifra total de prisioneros políticos apenas ha variado. Al cierre de enero, había en Cuba 1.158 prisioneros políticos, de los cuales 442 están bajo un régimen carcelario-domiciliar.

La estrategia del gobierno cubano sigue un patrón bien documentado: utilizar las excarcelaciones como herramienta de presión y negociación política sin realmente ofrecer libertad a los detenidos. La gran mayoría de los 198 excarcelados ya habían cumplido la mitad de sus condenas y debieron haber accedido a la libertad condicional hace meses o incluso a la liberación total en el caso de 31 de ellos.

Las negociaciones con el Vaticano han sido criticadas por su falta de transparencia y por permitir que el régimen cubano las manipule para sus propios fines. La Iglesia Católica no ha emitido declaraciones contundentes respecto a las condiciones impuestas a los prisioneros excarcelados, lo que ha generado desconfianza entre los defensores de los derechos humanos.

Mientras tanto, la represión en la isla continúa. Según Prisoners Defenders, en los últimos meses se han registrado cientos de detenciones arbitrarias y nuevas condenas contra activistas políticos. La situación de los derechos humanos en Cuba sigue siendo crítica y sin indicios de mejora a corto plazo.