El Gobierno cubano cerró la campaña del impuesto sobre utilidades 2026 con resultados que presenta como un éxito administrativo; sin embargo, los números cuentan una historia diferente a la de los comunicados oficiales.
De las 9.750 mipymes obligadas a presentar la declaración jurada del impuesto sobre utilidades, solo 7.026 lo hicieron. Es decir, un 72,1% del total.
Según el medio oficialista 5 de Septiembre, provincias como Matanzas, Las Tunas, Granma, Santiago de Cuba y la Isla de la Juventud cerraron por debajo del promedio nacional.
Casi tres de cada diez pequeñas empresas privadas cubanas no declararon sus utilidades. El dato no habla de evasión fiscal masiva. Habla del estado real de un sector privado que intenta sobrevivir en medio de apagones de 20 horas, escasez de insumos y una inflación que devora cualquier margen de ganancia antes de que llegue fin de mes.
Un sistema tributario que aprieta donde más duele
La Ley 181/2025, que rige el presupuesto de 2026, mantiene una tasa general del 35% sobre utilidades para las mipymes y otros actores del sector no estatal. La escala del impuesto sobre ingresos personales llega hasta el 50% para quienes superen el millón de pesos anuales. Se trata de un umbral que, en el entorno inflacionario actual, puede alcanzarse con relativa facilidad.
Para entender la magnitud de esa presión fiscal basta con un dato de contexto: el euro cotiza por encima de los 600 pesos en el mercado informal. Un millón de pesos, la cifra que activa la escala máxima de tributación, equivale hoy a menos de 1.700 euros. No es riqueza. Es el ingreso anual de un pequeño negocio que trabaja todos los días.
El presupuesto del Estado para 2026 proyecta ingresos brutos de 484.120 millones de pesos con un déficit fiscal máximo de 74.500 millones. Los ingresos tributarios representan el 72% del total previsto.
El sector no estatal, las mipymes y los trabajadores por cuenta propia son la principal fuente de esa recaudación. El Estado les exige que paguen impuestos como en cualquier economía de mercado mientras les niega las condiciones mínimas para operar.
Declarar en medio del apagón
Para alcanzar los resultados de la campaña, la ONAT recurrió al empleo de la firma digital ante la actual crisis energética que vive el país. La frase merece detenerse. Las autoridades tributarias reconocen implícitamente que los apagones dificultan cumplir con las obligaciones fiscales. Y aun así, la campaña sigue su curso y las multas por incumplimiento están vigentes.
La campaña de declaración jurada y pago del impuesto sobre ingresos personales vence el 30 de abril. Están obligados a cumplir los trabajadores por cuenta propia, artistas, comunicadores sociales, periodistas, usufructuarios de tierras y socios de mipymes. La legislación establece que, aun cuando no se obtengan ingresos en el período fiscal, los contribuyentes deben presentar igualmente la declaración.
Eso último es especialmente revelador. En Cuba, se puede haber trabajado un año sin ganar dinero, con el negocio paralizado por los apagones y sin insumos para producir, y aun así estar obligado a presentar papeles ante el fisco. El Estado recauda, aunque no haya nada que recaudar.
Lo que los números no dicen
El 27,9% de mipymes que no declaró no es solo una cifra de incumplimiento tributario. Es el retrato de empresas que cerraron, que operan en pérdidas o que simplemente no tienen capacidad administrativa para lidiar con trámites digitales en un país donde la electricidad y el internet son bienes escasos.
En el municipio de Yaguajay, de las 108 entidades obligadas a declarar, 28 mipymes cerraron con pérdidas y cinco sin operaciones durante todo el año fiscal 2025.
Eso en un solo municipio pequeño de Sancti Spíritus. Extrapolado al resto del país, el panorama del sector privado cubano es el de una economía que intenta arrancar con el tanque vacío mientras el Estado le pasa la factura.
La pregunta que se hacen hoy millones de cubanos es más simple. ¿A dónde van a parar los impuestos de Cuba? El pueblo cubano que paga la cuenta quiere saber.
