El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Rafael Fernández de Cossío, publicó el 28 de abril una defensa de las expropiaciones realizadas por el gobierno de Fidel Castro a partir de 1959, llamándolas “absolutamente legítimas”.
La declaración fue publicada en el perfil de Facebook del funcionario. Según sostiene, las nacionalizaciones se ajustaron a la Constitución de 1940, al derecho nacional y al derecho internacional.
Además, culpa a Washington por no haber aceptado la compensación ofrecida. Pero no menciona a los cubanos que perdieron sus propiedades sin que nadie les preguntara nada.
Lo que la Constitución cubana de 1940 realmente decía
El régimen llama “legítimas” las expropiaciones e invoca la Constitución de 1940 como respaldo. Ese mismo texto establecía que toda expropiación debía estar precedida por un pago previo, inmediato y en efectivo.
Cuba no pagó en efectivo. Ofreció bonos del Estado a 20 años, con intereses atados al precio del azúcar. Ese esquema no cumplía los estándares internacionales vigentes en la época, conocidos como la Fórmula Hull, que exigían compensación rápida, adecuada y efectiva.
Además, la Constitución de 1940 nunca fue restaurada después de 1959. Fue sustituida en febrero de ese año por la llamada Ley Fundamental. Esa norma fue diseñada a medida del proceso revolucionario y modificó los preceptos originales sobre el derecho de propiedad. El escudo legal que el viceministro usa para justificar las expropiaciones es el mismo que el régimen desmanteló para poder realizarlas.
Los acuerdos con otros países no validan el proceso
Fernández de Cossío menciona que Cuba compensó a Canadá, España, Francia, Gran Bretaña y Suiza. El argumento es conveniente y parcial. Esos acuerdos fueron negociaciones posteriores, realizadas años o décadas después de las expropiaciones. En muchos casos implicaron pagos parciales y condiciones especiales.
No constituyen una validación del proceso original bajo estándares internacionales. Y no tienen nada que ver con las familias cubanas que perdieron sus propiedades sin que ningún gobierno las representara en ninguna mesa.
Más de 55 mil pequeños negocios arrebatados a cubanos de a pie
El régimen llama “legítimas” las expropiaciones, pero evita hablar de las más brutales: las de 1968. Durante la llamada Ofensiva Revolucionaria, el Estado estatizó lo que quedaba del sector privado cubano.
Según datos publicados por el propio periódico Granma, fueron confiscados 55.636 pequeños negocios, muchos operados por una o dos personas. De ellos:
- 11.878 bodegas
- 3.130 carnicerías
- 3.198 bares
- 8.101 restaurantes y cafeterías
- 6.653 lavanderías
- 3.643 barberías
- 4.544 talleres de mecánica automotriz
No eran grandes empresarios ni aliados de Batista. Eran cubanos con un oficio. Sus negocios fueron arrebatados sin compensación, sin proceso judicial y sin derecho de apelación. A quienes eligieron irse, el Estado les confiscó además todo lo que dejaban atrás. Solo podían llevarse una maleta.
La deuda que nadie ha saldado
El valor total de las propiedades cubanas intervenidas se estimaba en unos 150.000 millones de dólares en 1960. El 85 por ciento de lo expropiado está actualmente en manos estatales y cooperativas.
El gobierno de Estados Unidos certificó casi 6.000 reclamaciones de ciudadanos y empresas estadounidenses por un valor original de 1.900 millones de dólares. Con intereses acumulados al 6 por ciento anual, esa deuda asciende hoy a cerca de 9.000 millones.
Entre los reclamantes figuran Shell, Exxon, Coca-Cola y Colgate-Palmolive, pero también cientos de familias cubanas con ciudadanía estadounidense.
Se estima que entre 200.000 y 300.000 cubanoamericanos que eran nacionales cubanos al momento de las expropiaciones tienen reclamaciones pendientes que ningún acuerdo diplomático ha reconocido formalmente. Son los más invisibles del conflicto. El régimen no los menciona. La propuesta cubana de compensación los excluye explícitamente.
Mientras el régimen llama “legítimas” a las expropiaciones hechas hace más de seis décadas, pide a muchos de esos expropiados que sean inversores para sostener la economía que destruyeron.
Cuba estatizó hasta la última barbería en 1968. Hoy quiere socios privados, mipymes y capital extranjero. Quiere exactamente lo que arrebató, pero ahora en forma de préstamo o de empresa mixta. Y su viceministro sale a las redes a explicar que todo fue perfectamente legal.
Sesenta y cinco años después, miles de familias cubanas siguen esperando que alguien en La Habana tenga el valor de decir lo mismo.
