La obtención fraudulenta de un permiso de estacionamiento para personas con discapacidad en Florida no constituye una simple infracción de tránsito. La legislación estatal contempla consecuencias penales que pueden alcanzar una sentencia de cárcel y también multas.
La ley establece que una persona que proporcione deliberadamente información falsa o engañosa en una solicitud o certificación para obtener uno de estos permisos comete un delito menor de primer grado.
La propia solicitud debe advertir expresamente que la sanción puede alcanzar hasta un año de cárcel, una multa máxima de 1.000 dólares o ambas. Esto incluye situaciones en las que una persona sin la discapacidad requerida mienta sobre su condición, proporcione información médica falsa o participe en la presentación de documentación fraudulenta para conseguir el beneficio.
Si además existen actos como falsificación de documentos, las autoridades pueden presentar otros cargos independientes según las circunstancias de cada investigación.
Usar el permiso de otra persona también puede ser delito
La ley diferencia la obtención fraudulenta del uso ilegal de un permiso. Una persona que utilice el permiso legítimo de otro mientras estaciona en un espacio reservado, sin transportar al titular, o emplee una réplica no autorizada con intención de engañar, puede incurrir en un delito menor de segundo grado.
En ese supuesto, la pena general establecida por Florida puede alcanzar 60 días de cárcel y una multa máxima de 500 dólares. Es una sanción menor que la correspondiente a mentir en una solicitud, pero sigue tratándose de un delito penal y no simplemente de una multa de estacionamiento.
Además, un oficial de policía o especialista en control de estacionamiento está autorizado a confiscar inmediatamente un permiso obtenido fraudulentamente, utilizado ilegalmente, vencido, reportado como perdido o robado, o que presente otras irregularidades.
Después de una declaración de culpabilidad, el permiso confiscado debe ser destruido. Una reincidencia puede impedir al titular solicitar otro durante cuatro años.
Miami-Dade intensifica los arrestos
La advertencia cobra especial importancia en Miami-Dade, donde las autoridades llevan meses revisando masivamente estos permisos. La oficina del recaudador de impuestos, encabezada por Dariel Fernández, inició una auditoría coordinada con el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida y agencias policiales.
En junio, el número de permisos cancelados ya alcanzaba 5.656 después de revisar 41.987 solicitudes. Los casos recientes muestran que la investigación ha pasado de la revisión administrativa a los arrestos.
Etian Vila, de 56 años, fue detenido después de que investigadores determinaran que había obtenido un permiso mediante una solicitud que aparentemente llevaba la firma de un médico fallecido antes de que el documento fuera completado.
Otros dos investigados, Lianne Quintero, de 30 años, y Juan Camilo Aristazabal, de 31, fueron detenidos por acusaciones similares relacionadas con documentación que supuestamente contenía la firma falsificada de un médico que también ya había muerto.
En el caso de Quintero, investigadores sostienen que presentó el 21 de mayo de 2025 una solicitud para obtener un permiso permanente. El médico que presuntamente certificó que tenía una discapacidad que limitaba su capacidad para caminar había fallecido el 5 de mayo, más de dos semanas antes.
Según el informe de arresto, los investigadores también encontraron diferencias entre la firma colocada en la solicitud y la registrada en la licencia de conducir del médico. Cuando los agentes acudieron a la vivienda de Quintero, ella habría entregado voluntariamente el permiso y reconocido que no tenía una discapacidad, según las autoridades.
