Un hombre de 58 años de edad murió tras recibir un disparo con arma de fuego en un asalto ocurrido durante la madrugada del sábado 8 de marzo de 2025 en el municipio de Esmeralda, provincia de Camagüey.
Según una nota divulgada por medios de prensa oficialista, se trata de Osmany Trujillo Pérez, quien era custodio de la Empresa Mayorista de Productos Alimenticios (EMPA) ubicada en el consejo popular Brasil del referido municipio.
Los informes preliminares indican que Trujillo Pérez fue atacado por una banda de delincuentes, quienes pretendía robar alimentos del almacén. Hasta el momento no hay más detalles del suceso ni se tienen pistas de los responsables. La escueta nota oficial indica que las autoridades del Ministerio del Interior investigan el caso para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
También se desconoce si el arma de fuego era de los presuntos ladrones o estos se la quitaron al custodio en el forcejeo durante el asalto. El suceso ha generado conmoción en la comunidad y entre los trabajadores de la EMPA. Residentes del área han expresado su preocupación por la creciente inseguridad en la zona y la falta de recursos para garantizar la protección de los custodios en instalaciones estatales.
En redes sociales los camagüeyanos indicaron que es “muy lamentable que suceda, pero desgraciadamente hace muchos años retiraron todas las armas de guarniciones en centros de trabajo y los custodios tienen que enfrentarse al malhechor a pecho limpio. Y no son pocos las víctimas de estos hechos”.
El incremento de robos en entidades estatales ha sido un problema recurrente en Cuba, impulsado por la crisis económica que atraviesa el país. Los almacenes de alimentos del Estado se han convertido en un blanco predilecto para los malhechores, pues la comida se vende a precios exorbitantes en el mercado informal.
En Cuba, la posesión de armas de fuego por parte de la población civil está estrictamente prohibida. Solo las fuerzas armadas, la policía y algunas entidades estatales tienen acceso legal a armamento. Esta medida ha sido justificada por el gobierno como una forma de mantener el orden y evitar la violencia armada.
Sin embargo, la circulación ilegal de armas sigue siendo un problema, con reportes de robos en unidades militares y tráfico clandestino. A pesar de la prohibición, han ocurrido hechos violentos con armas de fuego, lo que genera interrogantes sobre la seguridad y el control estatal. En un país con altos índices de inseguridad y crisis económica, el monopolio del armamento sigue siendo un tema de debate.
El Código Penal vigente en la Isla desde 2019 establece sanciones severas para quienes cometen homicidios utilizando armas de fuego. Según el artículo 352, disparar un arma contra una persona, incluso sin causarle lesiones, conlleva una pena de privación de libertad de dos a cinco años.
Si el disparo resulta en la muerte de la víctima, el delito se clasifica como homicidio o asesinato, dependiendo de las circunstancias y la intención del agresor. El asesinato, tipificado en el artículo 264, se sanciona con privación de libertad de veinte a treinta años, cadena perpetua o pena de muerte.
