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Fiscales demócratas denuncian orden de Trump que pone fin a la ciudadanía por nacimiento

ESTADOS UNIDOS

Fiscales demócratas denuncian orden de Trump que pone fin a la ciudadanía por nacimiento

Más de 20 estados bajo gobiernos demócratas buscan bloquear la orden ejecutiva

Las demandas contra la orden ejecutiva de Trump provocarán una intensa batalla legal que se prologaría varios meses. (Captura de pantalla © El País – YouTube)

Fiscales generales de 22 estados de Estados Unidos presentaron demandas para bloquear la controvertida orden ejecutiva del presidente Donald Trump que busca poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, informó la BBC.

La orden ejecutiva y promesa de campaña, titulada “Protección del significado y el valor de la ciudadanía estadounidense”, estipula que los niños nacidos en suelo estadounidense de padres inmigrantes en situación irregular ya no serán reconocidos como ciudadanos si ninguno de los progenitores es ciudadano estadounidense o residente permanente legal.

Esta política va en contra de una práctica migratoria centenaria derivada de la 14ª Enmienda de la Constitución, que garantiza la ciudadanía automática para cualquier persona nacida en el país, sin importar el estatus migratorio de sus padres.

La respuesta de los fiscales demócratas ante la medida del mandatario republicano es el inicio de una intensa batalla legal que podrían prolongarse por varios meses.

La primera demanda, liderada por una coalición de 18 estados, incluyendo Nueva York, Nueva Jersey y California, fue presentada en Massachusetts. En ella se argumenta que la orden de Trump viola derechos fundamentales protegidos por la Constitución y genera “costos indebidos” a las jurisdicciones locales al poner en riesgo la financiación federal para seguros médicos infantiles.

El fiscal general de Nueva Jersey, Matthew Platkin, calificó la medida como un ataque a la esencia misma de esta nación. “Durante más de 150 años, nuestro país ha seguido la misma regla básica: los bebés que nacen en este país son ciudadanos estadounidenses. El presidente no tiene el poder de borrar de un plumazo la 14ª Enmienda”, agregó.

Por su parte, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, calificó la orden ejecutiva como “inconstitucional y profundamente peligrosa”, advirtiendo que su implementación podría fracturar los principios fundamentales de la nación.

Además de la demanda en Massachusetts, otro grupo de cuatro estados, incluidos Arizona y Washington, presentó una acción legal por separado en Seattle. Organizaciones de derechos civiles también se sumaron con recursos en New Hampshire y Massachusetts, representando a padres cuyos hijos quedarían excluidos de la ciudadanía bajo la nueva política.

Expertos constitucionales coinciden en que la 14ª Enmienda no puede ser anulada mediante una orden ejecutiva. Asimismo, la mayoría prevé que la medida enfrentará largos obstáculos legales que podrían impedir su entrada en vigor.

Harrison Fields, subsecretario de prensa de la Casa Blanca, defendió la decisión de Trump como un reflejo de la “voluntad abrumadora del pueblo”, además de calificarla como “una extensión de la resistencia de la izquierda”.

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