Una mujer venezolana de 26 años residente en Jacksonville, Florida, fue detenida el jueves por agentes de ICE durante una cita migratoria y deportada a Venezuela junto a su hija de un año y ocho meses, de origen cubanoamericano.
La deportación se efectuó pese a que su familia asegura que tenía procesos legales activos para regularizar su estatus en Estados Unidos.
Yoelí Altagracia Bracho Casanova vivía con su esposo, Samuel Peña. La menor, Rebeca Peña Bracho, nació en territorio estadounidense y es hija de un ciudadano cubanoamericano.
El caso fue denunciado por Peña y por la abuela materna de la niña, Yosvania Fajardo, ambos ciudadanos estadounidenses de origen cubano, durante una entrevista con Tania Costa.
ICE traslada a madre e hija
Según relató Samuel Peña, el abogado de la familia acudió a la cita con documentos que buscaban frenar la expulsión.
Entre ellos figuraban una suspensión de deportación, una solicitud de perdón por entrada irregular y una petición de residencia. Sin embargo, los agentes se negaron a recibirlos, pese a que Bracho tenía una I-130 aprobada.
“Cuando el abogado fue e iba a entregarle el stay of removal, no quisieron tomar el documento”, explicó Peña. El letrado, según la familia, indicó que podía presentarlo al día siguiente en Orlando.
La oportunidad nunca llegó. Esa misma madrugada, alrededor de las 2:00 a.m., madre e hija fueron enviadas a Texas. “Las trasladaron a las dos de la mañana, con una niña de un año y medio, o sea, fuera de la jurisdicción para sellar el documento”, denunció el padre.
Peña afirmó que el abogado quedó sorprendido por la apresurada actuación de los agentes migratorios.
“Dijo que eso nunca le había pasado a él, que eso para él era como una falta de respeto, como una cachetada, como diciendo, no importa lo que tú hagas, nosotros vamos a hacer lo que nosotros queramos”, relató Samuel, al citar la reacción del representante legal.
Familia denuncia falta de comunicación
La familia aseguró que desde el jueves hasta el domingo no pudo hablar con Yoelí Bracho ni con la niña. La primera llamada llegó el domingo desde un número desconocido y duró menos de cinco minutos.
Samuel Peña dijo que acudió a una oficina de ICE en busca de respuestas, debido a que nadie le informaba sobre el paradero de su esposa y su hija. Según su testimonio, funcionarios le aseguraban que Bracho tenía acceso a un teléfono y podía comunicarse.
“¿Tú crees que si ella tuviera acceso a un teléfono no me hubiera contactado desde el jueves que está detenida?”, respondió a un oficial.
Bracho llevaba cinco años en EEUU. Entró con parole humanitario, no tenía antecedentes penales y su petición familiar I-130 fue aprobada en 2024. De acuerdo con Peña, el equipo legal describía su expediente como “el caso más completo” que había manejado.
Pese a todo, la deportación se terminó llevando a cabo. La familia contactó a varias oficinas políticas. El equipo del senador Rick Scott respondió por correo que no podía intervenir.
El congresista George Robinson no había contestado al momento de la entrevista. La representante María Elvira Salazar tampoco pudo actuar porque la familia reside fuera de su distrito.
El abogado advirtió que, tras la deportación, el regreso legal de Yoelí Bracho a EEUU podría demorarse hasta 10 años. “Imagínate, 10 años sin poder verla, ver mi niña crecer, que crecen de un día para otro a esa edad”, lamentó el cubanoamericano.
