Heriberto Rivero Carrera, un exjudoca cubano de 29 años, fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras una audiencia en la corte de inmigración en Miami.
El deportista había llegado a Estados Unidos en 2022, tras desertar de la delegación cubana en México, y su detención genera preocupación por el riesgo de ser deportado a Cuba, donde podría enfrentar graves represalias.
Rivero, quien fue liberado al cruzar la frontera con un formulario I-220A, no tuvo oportunidad de presentar su versión de los hechos ni de acceder a una defensa adecuada durante su audiencia de asilo. Esta situación se enmarca dentro de las nuevas políticas migratorias implementadas por la administración de Donald Trump, que han intensificado los arrestos de personas bajo procesos migratorios.
Familiares y defensores de derechos humanos expresaron su temor por las consecuencias que enfrentaría Rivero si es deportado a Cuba. En la Isla, los deportistas que desertan suelen ser estigmatizados, prohibidos de regresar y, en algunos casos, sometidos a vigilancia por parte de la seguridad del Estado.
La madre de Rivero en entrevista para Univisión destacó que su hijo ha trabajado en EEUU desde su llegada y temen que, de ser deportado, no solo perdería su oportunidad de reintegrarse al deporte, sino que también podría enfrentar severas represalias por parte del régimen cubano.
La pareja de Rivero, quien está embarazada y teme revelar su identidad por su estatus migratorio, también expresó su angustia. Señaló que su pareja es su único sustento económico y que la detención pone en peligro la estabilidad de la familia y su embarazo. “Es el único que tengo aquí”, afirmó, destacando la incertidumbre de la situación.
Abogados de inmigración han alertado sobre el aumento de arrestos y la falta de tiempo para apelar decisiones, lo que podría llevar a la deportación exprés de personas en situaciones similares.
La administración de Donald Trump ha intensificado su política migratoria con un enfoque más agresivo, implementando medidas como el cierre exprés de casos judiciales y la detención inmediata de inmigrantes.
Desde febrero de 2025, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (USCIS) ha emitido más de 26.700 Notificaciones de Comparecencia (NTA) contra individuos sin estatus legal, como parte de la Proclamación Presidencial para proteger a los estadounidenses.
Además, un memorando interno del Departamento de Justicia ordena a los jueces de inmigración cerrar casos sin el debido proceso, lo que permite a ICE arrestar a los inmigrantes inmediatamente.
Aunque legal, esta estrategia ha generado críticas por su aplicación arbitraria y la falta de análisis individualizado de los casos. La creciente cantidad de detenciones ha sobrepasado la capacidad de ICE, con más de 51.000 personas bajo custodia cuando solo hay espacio para 41.500.
Los cubanos son especialmente afectados, con denuncias de detenciones durante chequeos rutinarios, sin previo aviso del cierre de sus casos. Activistas denuncian que esta política está diseñada para cumplir cuotas arbitrarias de deportaciones, lo que ha generado un tratamiento injusto hacia los migrantes.
