El Departamento de Seguridad Vial y Motores y Vehículos de Florida (DHSMV) y las oficinas de recaudación de impuestos de los condados de Miami-Dade y Broward están siendo demandados por $10 millones como compensación al daño sufrido por la población que está sometida a presuntas irregularidades en la emisión de citas para trámites de licencias de conducir.
La demanda, presentada el miércoles pasado en el Circuito 17, señala que estas agencias han sometido a los residentes a condiciones inaceptables mientras intentan completar sus trámites.
El foco principal de la demanda es la supuesta vulnerabilidad del sistema de programación de citas, que, según los demandantes, ha facilitado la reventa de turnos por parte de terceros.
Como prueba, se presentaron videos que muestran largas filas formándose día y noche fuera de las oficinas del DMV en el Centro Cívico de Pompano Beach.
En uno de los casos más destacados, Jennifer Sassone, una de las demandantes, relató que su hija de 17 años tuvo que acampar toda la noche frente a una oficina del DMV en enero de este año para obtener su primera licencia. “No podía creer que una menor tuviera que pasar la noche afuera sin seguridad ni servicios básicos”, comentó Sassone.
Aunque el caso específico ocurrió en Broward, la demanda extiende la responsabilidad a las agencias estatales de seguridad vial y vehículos, así como a las oficinas de recaudación de impuestos en Miami-Dade y Broward. Los demandantes argumentan que estas instituciones no cumplieron con su deber de proteger la integridad y seguridad de los ciudadanos, especialmente de los menores de edad.
Respuesta de los funcionarios de Miami-Dade
El recaudador de impuestos del condado de Miami-Dade, el cubanoamericano Dariel Fernández, quien fue elegido en noviembre pasado, aclaró que la demanda está relacionada con incidentes ocurridos en una oficina de Broward y no refleja la realidad ni las prácticas de la Oficina del Recaudador de Impuestos de Miami-Dade.
“Estamos comprometidos con la verdad, la transparencia y la defensa del pueblo de Miami-Dade. Seguimos completamente enfocados en servir a nuestros residentes con dignidad, seguridad y eficiencia”, explicó Fernández en una declaración oficial emitida en sus redes sociales.
Las quejas de los residentes sobre el tema de las citas no son nuevas. Las nuevas autoridades de Miami-Dade han tomado medidas contra quienes acaparan y revenden citas, utilizando nuevas herramientas para identificar a los responsables.
A partir de abril, tanto Miami-Dade como Broward comenzaron a tipificar el acaparamiento de citas como un delito menor. Además, a partir del 1 de julio, esta práctica será considerada un delito menor de primer grado a nivel estatal.
No obstante, el abogado Michael Pizzi, quien lidera el litigio, declaró que solicitará a la corte certificar la demanda como una acción colectiva. Esta solicitud deberá ser aprobada por un juez durante el proceso judicial. Pizzi enfatizó que los residentes de Florida han sido sometidos a un proceso tortuoso y denigrante para realizar un trámite esencial como lo es mantener su licencia de conducir.
