Una investigación difundida por plataformas opositoras y periodistas independientes asegura que parte de las donaciones internacionales enviadas a Cuba tras el paso del huracán Melissa, entre octubre y noviembre de 2025, habría terminado en cuentas offshore vinculadas a familiares y allegados de altos dirigentes del país.
La denuncia comenzó a circular esta semana en la página Cuba Denuncia Now por parte del usuario digital Lemay Jiménez. Según se afirma, documentos bancarios, correos internos y registros financieros exponen un presunto esquema de desvío de recursos destinados a damnificados en las provincias orientales.
De acuerdo con la publicación, más de 120 millones de dólares ingresaron a Cuba como ayuda internacional después del fenómeno meteorológico, que dejó graves daños materiales, afectó a más de dos millones de personas y profundizó la crisis energética y alimentaria. La acusación sostiene que cerca del 70 % de esos recursos no llegó a las comunidades afectadas.
El reporte menciona directamente al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a su esposa Lis Cuesta Peraza y a otros dirigentes vinculados al aparato político y militar. Entre los señalados aparecen Raúl Castro Ruz, Manuel Marrero Cruz, Álvaro López Miera, Oscar Pérez-Oliva Fraga y Salvador Valdés Mesa.
La investigación asegura que parte del dinero terminó en cuentas bancarias en Panamá, España y Emiratos Árabes Unidos, además de financiar propiedades y operaciones empresariales relacionadas con estructuras cercanas al conglomerado militar GAESA.
La filtración habría comenzado tras la salida de Cuba de un supuesto funcionario de la Contraloría General de la República, quien entregó más de 1.200 páginas de documentos a investigadores radicados en Miami. El material también habría sido revisado por analistas financieros internacionales y exfuncionarios cubanos.
De acuerdo con la denuncia, auditorías internas vinculadas a organismos humanitarios detectaron inconsistencias entre los reportes oficiales y la ayuda entregada en zonas afectadas. La publicación afirma que varios contenedores llegaron vacíos o con suministros inferiores a los declarados por las autoridades.
“Esto no es un error administrativo, es un saqueo sistemático a la desgracia del pueblo cubano”, declaró un exoficial de GAESA citado en la investigación. El testimonio fue difundido bajo condición de anonimato por temor a represalias. Otra de las frases compartidas en redes señala que “las donaciones fueron tratadas como botín de guerra”.
Hasta el momento, el Gobierno cubano no ha emitido una declaración oficial sobre estas acusaciones. Sin embargo, fuentes cercanas al Consejo de Estado citadas por medios opositores sostienen que las autoridades preparan una respuesta pública para desacreditar el contenido de la investigación y denunciar una supuesta campaña mediática contra La Habana.
El caso ha provocado reacciones entre cubanos dentro y fuera de la Isla. En plataformas digitales, varios usuarios cuestionaron la falta de transparencia en el manejo de recursos internacionales y reclamaron auditorías independientes. Otros pidieron cautela ante la ausencia de confirmación oficial y la imposibilidad de verificar de manera autónoma los documentos filtrados.
La controversia surge en un contexto marcado por apagones, escasez de alimentos y creciente tensión social. Analistas consideran que este tipo de denuncias puede aumentar la presión internacional sobre el Gobierno cubano y reactivar el debate sobre el control militar de sectores estratégicos de la economía nacional.
Aunque las acusaciones continúan sin verificación independiente concluyente, la difusión del caso ha colocado nuevamente en el centro del debate la gestión de la ayuda humanitaria en Cuba y el papel de las élites políticas en medio de la crisis que atraviesa el país.
