La organización Bienestar Animal Cuba (BAC-Habana) difundió los resultados de una investigación independiente sobre la clínica veterinaria Mascolive, iniciada tras haber recibido numerosos testimonios negativos relacionados con el trato a animales.
Gracias a la información facilitada de manera interna y nuevas revelaciones, se supo que la clínica no es solo una simple mipyme privada por fallas puntuales; también tiene vínculos con el régimen castrista, un factor que explica la impunidad, privilegios exclusivos y trato diferenciado.
Mascolive, ubicada en La Habana, está dirigida por Norberto Espinosa Carro, hijo de un exalto funcionario del Estado cubano. Su padre fue presidente del Grupo Empresarial Ganadero (GEGAN), una estructura estratégica dentro del aparato económico estatal.
Esa trayectoria familiar dentro del poder explica, según las fuentes consultadas, por qué la clínica logró importar equipamiento, medicamentos y tecnología que hoy están vedados para la mayoría de los veterinarios del país, incluso para aquellos con años de experiencia y reputación profesional.
Mientras decenas de clínicas enfrentan decomisos, inspecciones arbitrarias, límites estrictos y trabas constantes para ejercer su labor, Mascolive ofrece sus servicios con permisos y facilidades excepcionales.
En el contexto cubano, marcado por el control estatal y la discrecionalidad, nada que funcione a ese nivel lo hace sin respaldo institucional. La etiqueta de “negocio privado”, sostienen las fuentes, opera como una fachada que oculta una red de protección más amplia.
Este entramado ayudaría a entender por qué las denuncias no avanzan, por qué los patrones de presunta negligencia se repiten y por qué, pese a la acumulación de testimonios y a la muerte de animales bajo su cuidado, no se han aplicado sanciones reales.
Los testimonios de los afectados coinciden en describir patrones de negligencia médica hacia sus mascotas, diagnósticos dudosos, precios excesivos y una aparente falta de preparación del personal.
Dayita Escobar asegura haber perdido a su cachorra sana de seis meses por “desconocimiento” del equipo clínico. Karen Rodríguez relata que, tras pagar miles de pesos en tratamientos, su perrita murió luego de una atención fallida.
Enmanuel Rodríguez denunció que “cobran miles por procedimientos innecesarios y cuando un técnico intenta corregirlos, lo despiden”. Omar Negrón afirmó que su perrita casi muere por un diagnóstico erróneo y que solo se recuperó tras cambiar de veterinario.
Otros testimonios, como los de Yarelin Ramos, apuntan a un patrón de lucro emocional con dueños desesperados, mientras los animales no reciben el tratamiento adecuado. Hasta ahora, la clínica, oficialmente aprobada como mipyme por el régimen cubano, no ha emitido comentarios públicos en sus redes sociales.
