El Gobierno cubano rechazó cualquier vínculo con la red vinculada a los servicios de inteligencia rusos que, según fiscales federales de Estados Unidos, intentó organizar operaciones de vigilancia, sabotajes y asesinatos en territorio estadounidense y varios países europeos.
La reacción llegó después de que el Departamento de Estado utilizara el caso para advertir sobre la “amenaza persistente de redes cubanas subversivas y otras redes extranjeras” que operarían en Estados Unidos al servicio de países adversarios. Washington aseguró además que la administración de Donald Trump trabaja para “aplastar estas redes de una vez por todas”.
La declaración estadounidense daba continuidad a un caso sobre el cual Periódico Cubano informó previamente, cuando el Departamento de Estado prometió combatir las redes cubanas y extranjeras que operan en EEUU.
Josefina Vidal rechaza la acusación de Washington contra Cuba
La viceministra de Relaciones Exteriores Josefina Vidal respondió el 18 de septiembre y calificó el señalamiento estadounidense de “calumnia sin fundamento alguno”.
“El Departamento de Estado de EEUU ha lanzado una acusación velada más, y sin evidencias contra Cuba, relacionada con dos ciudadanos de origen cubano que residen en otros países y se alega están vinculados a un delito”, escribió la funcionaria en X.
Fiel al hábito de recurrir a la calumnia sin fundamento alguno, Dpto. de Estado de EEUU ha lanzado una acusación velada más, y sin evidencias contra #Cuba, relacionada con dos ciudadanos de origen cubano que residen en otros países y se alega están vinculados a un delito.
👇— Josefina Vidal (@JosefinaVidalF) September 18, 2026
Vidal sostuvo que Washington pretende “vincular a Cuba con crímenes sin relación alguna con el país” y acusó a la administración estadounidense de utilizar el caso para justificar su política de presión contra La Habana.
Sin embargo, existe una diferencia importante entre el expediente judicial y el posterior mensaje político del Departamento de Estado. La acusación presentada por fiscales federales identifica a dos ciudadanos cubanos dentro de una estructura que supuestamente trabajaba para los servicios de inteligencia de Rusia, pero no acusa formalmente al Gobierno cubano de dirigir, financiar o participar en esos planes.
Qué dice realmente la acusación contra los dos cubanos
El Departamento de Justicia reveló el 15 de septiembre cargos contra cinco personas: los rusos Yuri Khrameev y Kirill Khrameev; los cubanos Oemis Romagoza Durruthy y Yaidel Delgado Suárez; y el venezolano Ángel Eduardo Castro.
Todos permanecen prófugos y están acusados de conspiración para financiar terrorismo. Yuri Khrameev, Delgado Suárez y Castro enfrentan además un cargo por conspiración para cometer asesinato por encargo. Los fiscales sostienen que la estructura operaba desde al menos 2024 para los servicios de inteligencia rusos.
Romagoza, de 35 años, aparece descrito como uno de los integrantes de alto nivel de la denominada “RIS Network”. El cubano residente en Rusia ya había sido identificado en una investigación internacional como presunto coordinador de operaciones y reclutamiento para sabotajes en Europa. Su papel dentro de la red rusa y sus actividades en Europa fueron documentados previamente.
Los fiscales aseguran que Romagoza coordinó logística para un ataque en Praga en junio de 2024 y otro en Lituania tres meses después. También habría obtenido en noviembre de 2025 imágenes relacionadas con una residencia de un disidente ruso posteriormente vigilada en Estados Unidos.
El caso conecta con investigaciones anteriores en Europa, donde autoridades lituanas relacionaron con el GRU ruso una serie de intentos de sabotaje en los que aparecieron varios ciudadanos de origen cubano. Varios cubanos fueron investigados por atentados fallidos contra instalaciones en Lituania.
Red rusa habría ofrecido 40.000 dólares por asesinar a un disidente
Delgado Suárez, conocido como “Viking”, es señalado por el Departamento de Justicia como un reclutador que habría buscado colaboradores dentro de Estados Unidos.
Según la acusación, él y Castro ofrecieron entre 1.000 y 1.500 dólares a un residente estadounidense para vigilar lugares relacionados con un destacado opositor ruso. Posteriormente habrían ofrecido 40.000 dólares para “eliminar” o “hacer desaparecer” al objetivo.
El Departamento de Estado vinculó políticamente el episodio con sus acusaciones más amplias contra La Habana. En julio, Washington había publicado un informe sobre las operaciones atribuidas a la inteligencia cubana dentro de Estados Unidos.
