Jueza bloquea requisito de ciudadanía en reforma electoral propuesta por Trump

La orden ejecutiva sobre una reforma electoral por parte de Donald Trump no fue bloqueada por completo. (Foto © Periódico Cubano)

La jueza federal Colleen Kollar-Kotelly de Washington bloqueó la implementación inmediata del requisito de prueba de ciudadanía en el formulario de registro de votantes federales, propuesta por Donald Trump a través de una orden ejecutiva enfocada a una futura reforma electoral.

Este fallo representa un revés significativo para la administración del republicano, quien defiende la medida como necesaria para restaurar la confianza pública en las elecciones de Estados Unidos.

La decisión de la magistrada fue una respuesta la demanda establecida por los grupos defensores de los derechos al voto, como el League of United Latin American Citizens y el Comité Nacional Demócrata, cuyos integrantes argumentaron que el presidente no tiene autoridad para imponer esta medida.

Los demandantes argumentaron que el requisito de prueba de ciudadanía violaba la Cláusula de Elecciones de la Constitución, que otorga a los estados y al Congreso la autoridad para regular los procedimientos electorales.

Además, se señaló que la medida podría tener un impacto negativo en las campañas de registro de votantes, especialmente en áreas públicas como supermercados, lo que complicaría los esfuerzos de organizaciones que buscan aumentar la participación electoral.

Kollar-Kotelly también destacó que la implementación del requisito de ciudadanía causaría un daño irreparable a los votantes y sería contrario al interés público. Además, subrayó que el gobierno de Trump no había proporcionado una defensa sólida para justificar el avance de la medida.

Aunque la jueza bloqueó el requisito de ciudadanía, permitió que otras partes de la orden ejecutiva de Trump permanecieran vigentes por el momento. Esto incluye una directiva para endurecer los plazos de las votaciones por correo a nivel nacional, lo que ha generado preocupación entre los demócratas y organizaciones proderechos civiles.

Las reformas propuestas por Trump han sido objeto de varias demandas, que argumentan que las medidas podrían obstaculizar la participación electoral y afectar desproporcionadamente a las comunidades marginadas.

La División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia expresó su decepción, destacando la importancia de proteger los sistemas electorales y defendiendo la legalidad de las reformas implementadas por Trump.

Otras demandas contra la orden ejecutiva continúan pendientes. A principios de abril, 19 fiscales generales demócratas pidieron al tribunal que rechazara la reforma electoral, mientras que estados como Washington y Oregon, que dependen del voto por correo, también presentaron sus propios desafíos a las nuevas medidas.