Un juez del Juzgado Primero Civil del Circuito de Oralidad de Medellín admitió una acción de tutela radicada por Iván De Jesús Prada Camaño, quien acusa a varios artistas y autoridades colombianas de vulnerar los derechos fundamentales de los menores de edad mediante la canción “No Me Conoce”o conocida como +57.
La denuncia, que involucra a algunos de los artistas más populares del reguetón, busca una intervención urgente ante lo que se considera una promoción de violencia sexual en la letra de la canción.
El caso se presenta en el contexto de un creciente debate sobre el impacto de la música urbana en la sociedad, especialmente en lo que respecta a las temáticas de violencia y sexualidad en las letras de algunas canciones. Prada Camaño argumenta que, aunque las autoridades colombianas ya han rechazado el contenido de la canción, no se han tomado medidas efectivas para sancionar o prevenir la difusión de dicha música, que, según él, promueve comportamientos perjudiciales para los menores.
El Juzgado Primero Civil de Medellín ha vinculado a las siguientes entidades y personas: la Defensoría del Pueblo, el ICBF, la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTIC), el Ministerio de Cultura, así como los artistas Karol G, J Balvin, Maluma, Ryan Castro, Ovy On The Drums, Blessd, Feid y DFZM, entre otros involucrados en la creación y difusión del tema.
Según el ciudadano, la canción incita a la violencia sexual y promueve comportamientos dañinos, especialmente en Medellín, donde la canción tiene una gran acogida. En su solicitud, Prada Camaño exige que se tome acción inmediata para censurar el contenido de la canción, especialmente en las plataformas digitales, y que los artistas involucrados modifiquen la letra para eliminar los contenidos sexuales y violentos.
La tutela también pide que las autoridades ordenen el retiro de la canción de todas las redes sociales y plataformas digitales, y que se apliquen sanciones administrativas a los medios y plataformas que continúen difundiendo el contenido. Sin embargo, hasta el momento, no se ha conocido ninguna respuesta por parte de los artistas ni de las entidades implicadas en el proceso.
Esta acción de tutela pone en evidencia el creciente malestar social respecto a la influencia de ciertos géneros musicales en los valores culturales y sociales, y genera preguntas sobre los límites de la libertad de expresión en el ámbito artístico frente a los derechos de los menores y la promoción de valores que algunos consideran perjudiciales.
La situación sigue siendo objeto de atención, mientras que el proceso judicial avanza en busca de una solución. Las autoridades y artistas vinculados deberán responder en un plazo de 24 horas desde la notificación.
