Tras perder un caso de solicitud de asilo político en Estados Unidos y ser deportada a Cuba, la exjueza Melody González Pedraza ahora podría estar a merced de represalias castristas por sus declaraciones cuando se encontraba detenida en un centro migratorio de la nación norteamericana.
Según fuentes del Diario de Cuba, la extitular del Tribunal Municipal de Encrucijada en Villa Clara fue separada del resto de los deportados a su llegada a la Isla, a bordo del noveno vuelo de deportación de la administración de Donald Trump hacia el país antillano.
Agentes de la seguridad del Estado trasladaron a la exfuncionaria a una oficina, donde oficiales de esta fuerza represiva le preguntaron sobre su estado de salud, planes inmediatos y, especialmente, sobre sus declaraciones previas a dicho medio independiente durante su detención en Norteamérica.
La exjueza, quien padece de hipertensión y problemas de azúcar en la sangre, no mostró disposición para responder las preguntas de los oficiales. Finalmente, la dejaron ir con la advertencia de que no volvería a trabajar en el sistema judicial cubano.
En Villa Clara, los rumores de un posible juicio contra González Pedraza han comenzado a circular. Según una fuente dentro de la Fiscalía provincial, algunos fiscales sugirieron la idea de procesar a la exfuncionaria, mientras que otros, como una joven fiscal, advirtieron que renunciaría a su puesto si se tomaban represalias contra la deportada.
La mayoría de los juristas presentes en una reunión matutina coincidieron en que la exmagistrada debía poder rehacer su vida sin sufrir castigos o una sentencia de cárcel a causa de sus declaraciones.
Actualmente, González Pedraza y su esposo, William Hernández Carrazana, quien fue deportado meses antes, viven en un apartamento prestado en Cuba. Antes de su emigración, residían en una vivienda proporcionada por el gobierno en condiciones de “medio básico”. Según informan sus allegados, evita salir de su casa y mantener contacto con personas fuera de su círculo familiar.
González Pedraza había llegado a EEUU el 30 de mayo de 2024, como beneficiaria del programa de parole humanitario impulsado por la administración del expresidente Joe Biden.
Aunque contaba con ese beneficio migratorio, agentes en la aduana le notificaron que no podía ingresar por sus vínculos con el gobierno cubano. Antes de emigrar, perteneció al Partido Comunista de Cuba (PCC).
Tras solicitar asilo político y permanecer detenido hasta su deportación, González Pedraza ofreció entrevistas en las que expuso cómo el sistema judicial cubano está subordinado al control del PCC y el Ministerio del Interior (Minint).
Por otro lado, el hermano de la exjueza, Ruber González Pedraza, sigue detenido en EEUU, desde su arresto el 16 de septiembre por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
Tras firmar su autodeportación, Ruber podría intentar emigrar nuevamente en diez años, aunque el proceso parece haber sido afectado por una estafa relacionada con la agencia que le vendió su billete de avión.
