La Habana ha impuesto tantas multas que se le dificulta gestionar su cobro

La Habana ha impuesto tantas multas que se le dificulta gestionar su cobro. (Foto ilustrativa: Periódico Cubano)

Las autoridades de La Habana indicaron este miércoles que casi 2.000 personas que fueron multadas por violar las medidas de seguridad para combatir al Covid-19 continúan sin pagar, y gran parte de ello se debe  a la dificultad que presentan para gestionar el cobro de todas las sanciones que han impuesto al pueblo.

Según indicó el coordinador del subgrupo de Fiscalización y Control del Consejo de Defensa Provincial (CDP) de La Habana, Orestes Llanes Mestre, la ciudad alberga a 1.895 deudores de multas aplicadas bajo el Decreto 14/2020 a las que aún no se les ha realizado las denuncias jurídicas correspondientes.

De acuerdo con la oficialista Agencia Cubana de Noticias (ACN), los ciudadanos fueron multados el año pasado por presunta propagación de epidemias y los plazos para pagar dichas multas vencieron en diciembre del 2020.

El funcionario indicó que de los deudores, unos 1.356 acumulan cuantías que se han duplicado al no pagar en enero, por lo que las multas, que normalmente son de 2.000 o 3.000 pesos se han vuelto más difíciles de pagar.

“De no actuarse con el rigor necesario estos podrían engrosar la lista de los pendientes a denuncia”, explicó Llanes.

Según el coordinador del subgrupo de Fiscalización y Control del CDC, esta situación se vive en todos los municipios de la capital, algo que él califica como “desfavorable en cuanto a este tema”.

Algunos territorios como Plaza de la Revolución, Marianao, Cerro, Diez de Octubre, Habana Vieja, Boyeros, Habana del Este y Guanabacoa acumulan más de 200 deudores cada uno.

A su parecer, la situación revela “fisuras en el seguimiento y control sobre este tema por las entidades responsables de hacer cumplir lo establecido”, pues pareciera que el Gobierno castrista se dedica a establecer un gran número de estas multas, pero tiene  problemas para gestionar el cobro.

Llanes se quejó de la falta de supervisión por parte de los intendentes municipales y los coordinadores, los cuales se supone deben de atender asuntos económicos en cada municipio.

El Decreto 14/2020 entró en vigencia el 1 de septiembre del año pasado y permaneció hasta el 31 de enero del año en curso, cuando se derogó al decreto 31/21 del Consejo de Ministros.

En un principio, su objetivo fue el regular las acciones que iban en contra de las medidas de bioseguridad establecidas contra el Covid-19, sin embargo al poco tiempo se volvió una de las principales fuentes de ingreso del Gobierno castrista, principalmente en La Habana.