Un migrante cubano enfrenta en Estados Unidos una multa que ya supera los 1.8 millones de dólares por no haber cumplido una orden de deportación emitida desde 2010. El hombre, bajo el nombre de Mario para ocultar su identidad, relató su caso a Telemundo 51.
Según la información disponible, Mario sostiene que nunca recibió un aviso oficial sobre su orden de expulsión, relacionado con un caso penal no vinculado a temas de migración entre 2007 y 2012.
Durante esos años, afirma que no fue trasladado a audiencias migratorias ni informado de procedimientos de deportación. “Nunca supe nada de esa orden, hasta ahora no entiendo cómo pudo pasar”, expresó, visiblemente afectado por una situación que, según relató, ha alterado de forma severa su vida cotidiana.
La multa le llegó recientemente mediante una notificación oficial. Desde entonces, el impacto emocional y práctico ha sido profundo. “No puedo dormir ni comer pensando en esto, es una situación imposible”, dijo en una entrevista con el canal estadounidense.
Especialistas en inmigración consultados en reportes similares han explicado que este tipo de escenarios puede ocurrir cuando un tribunal migratorio dicta una orden en ausencia del acusado.
Eso puede suceder si la persona no comparece a la audiencia, incluso cuando está detenida en otro proceso judicial. En esos casos, la corte puede continuar el trámite sin la presencia física del inmigrante.
Sin embargo, expertos legales también advierten que existen mecanismos para revisar expedientes de este tipo cuando se demuestra que no hubo una notificación adecuada o que el acusado no tuvo oportunidad de ejercer su defensa.
Bajo esas circunstancias, la estrategia legal podría incluir una solicitud de reapertura del caso migratorio e incluso la anulación de la sanción económica impuesta.
La controversia también coincide con un endurecimiento de la política migratoria federal. En abril del año pasado trascendió que la administración de Donald Trump había diseñado un plan para imponer multas de hasta 998 dólares diarios a migrantes con órdenes de deportación que permanecieran en el país.
Ese enfoque se apoya en una ley de 1996 y prevé la aplicación retroactiva de las sanciones, lo que puede derivar en montos millonarios para quienes no abandonen EEUU tras recibir una orden final de expulsión. Además, el plan contemplaría el posible embargo de bienes a quienes no paguen, dentro del objetivo declarado de acelerar deportaciones masivas.
En medio de este panorama, también ha trascendido que el Departamento de Seguridad Nacional anunció una política que permitiría condonar ciertas multas a personas que opten por autodeportarse mediante la aplicación CBP Home.
Hay dos grupos de migrantes que ingresaron legalmente durante la administración de Joe Biden y que ahora están siendo presionados para abandonar el país. Se trata, por un lado, de quienes obtuvieron autorización de entrada tras presentarse en la frontera mediante una cita gestionada en la aplicación CBP One y, por otro, de los extranjeros que llegaron por vía aérea después de recibir un parole humanitario.
Desde enero de 2023, más de 900.000 personas utilizaron CBP One para obtener permisos temporales de permanencia y trabajo en EEUU. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional ha revocado esas autorizaciones y ha notificado a sus beneficiarios que deben salir del país antes de exponerse a un proceso de deportación.
A ese escenario se suma la cancelación del parole humanitario concedido a más de 530.000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, quienes habían ingresado legalmente bajo ese programa.
