La seguridad del Estado cubana ha incorporado tecnologías digitales de última generación, incluida la inteligencia artificial (IA), con el objetivo de perfeccionar el control informativo y ejecutar campañas de descrédito contra opositores y líderes del exilio, según denuncias de expertos y organizaciones de derechos digitales.
Aunque las autoridades cubanas no han confirmado estas prácticas, investigaciones independientes apuntan a un entorno donde la IA y la automatización se combinan con marcos legales represivos y apagones selectivos de internet para silenciar la disidencia y moldear la conversación pública.
En un reciente informe, YucaByte destaca que la estrategia del gobierno cubano, al utilizar la inteligencia artificial, prioriza el control de la información y la propaganda por encima de los avances tecnológicos, alineándose con los modelos autoritarios que emplean herramientas inteligentes para vigilancia, censura y manipulación del discurso.
El análisis advierte que la IA está siendo utilizada como un mecanismo dentro de políticas de información para reforzar el aparato de seguridad, en detrimento de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Un ejemplo reciente de estas tácticas de control digital es el caso de Armando Labrador, quien ha sido víctima de grabaciones no autorizadas con el propósito de manipular su imagen y desprestigiar a su plataforma, Cuba Primero. Labrador ha denunciado que estas grabaciones fueron parte de un ataque coordinado para empañar su figura y la de su organización.
Otro caso de gran relevancia es el del opositor cubano José Daniel Ferrer, quien fue interrogado en un estado de vulnerabilidad extrema durante su detención. En una entrevista con el periodista Juan Manuel Cao, Ferrer relató cómo un video de su interrogatorio fue manipulado, distorsionando su imagen y estado físico para presentarlo de manera falsa.
“Cuando ellos presentaron ese video, yo pesaba menos de 25 kg, es decir, 25 kg menos que el de esa imagen. Yo no sé si fueron eh especialistas chinos en inteligencia artificial. Yo no sé cómo lo hicieron. Eso yo no te lo puedo explicar, pero de que yo no me di esos golpes en esa mesa, de eso sí te lo puedo asegurar 100%. Incluso cuando ellos me dijeron que habían publicado, porque ellos me dijeron.”
Además, en los últimos años se ha documentado la existencia de las “ciberclarias”, perfiles anónimos o incentivados por el régimen para hostigar a disidentes y difundir propaganda oficial en redes sociales. Investigaciones sobre este fenómeno, que se ha vuelto un componente estable de la comunicación política digital en Cuba desde 2019, muestran cómo se utilizan estos perfiles para inundar debates, atacar a opositores y denunciar contenidos que incomodan al gobierno.
En 2023, Meta desmanteló una red de cuentas, páginas y grupos vinculados al gobierno cubano, dedicada a acosar a los críticos y amplificar las narrativas oficiales del régimen. Esta operación fue confirmada por la propia compañía, que la clasificó como “comportamiento inauténtico coordinado”.
Estas redes han sido utilizadas para crear una atmósfera de intimidación y censura dentro de la isla, dificultando aún más la libertad de expresión en las plataformas digitales.
El entorno legal cubano también facilita la represión digital. El Decreto-Ley 35 (2021) y el Decreto-Ley 370 (2019) otorgan al gobierno amplios poderes para sancionar la difusión de “noticias falsas” y castigar publicaciones que atenten contra la “moralidad pública” o el “orden público”.
Según organizaciones como Human Rights Watch y Freedom House, estos decretos han sido usados para multar y criminalizar críticas legítimas en redes sociales, lo que ha incrementado el control gubernamental sobre la información en línea.
Los informes de derechos humanos también documentan cómo el gobierno cubano ha utilizado su control sobre la infraestructura móvil para restringir las comunicaciones y bloquear plataformas de redes sociales durante momentos de conflicto, como las protestas del 11 de julio de 2021. Plataformas como WhatsApp, Facebook, Instagram y Telegram han sido sometidas a bloqueos y filtraciones durante situaciones de alta tensión, dificultando la libre circulación de información.
A nivel global, los regímenes autoritarios están utilizando IA generativa para producir contenidos manipulados de manera acelerada, saturando el ecosistema informativo. En Cuba, esta tecnología se está integrando en las estrategias de propaganda, con la implementación de herramientas como los deepfakes y la clonación de voz, para dañar la reputación de líderes del exilio y confundir a las audiencias tanto dentro como fuera de la isla.
Aunque la evidencia sobre casos específicos de deepfakes contra figuras opositoras aún es limitada, expertos alertan sobre el riesgo de su expansión en el futuro.
El modus operandi del régimen cubano sigue un patrón claro: monitoreo masivo de redes, activación de enjambres de cuentas para difamar y desacreditar, amplificación de mensajes mediante páginas afines, uso de marcos legales para aplicar sanciones, y restricciones técnicas cuando las protestas o la disidencia se intensifican. Este ciclo de control y represión digital reduce el espacio cívico y desplaza la conversación a entornos más privados y cerrados.
El gobierno cubano ha negado en reiteradas ocasiones la existencia de campañas de bots y otras tácticas digitales de manipulación, argumentando que se trata de un esfuerzo por combatir fake news y la guerra informativa en su contra.
Sin embargo, la confirmación de redes inauténticas vinculadas al gobierno cubano por parte de Meta y otras plataformas, junto con los informes de derechos humanos sobre la criminalización de la expresión en línea, sugieren que se trata de un patrón sistemático y coordinado de represión digital.
El futuro de la disidencia en Cuba parece estar marcado por la convergencia de herramientas de IA, redes inauténticas y leyes punitivas que permiten al gobierno fortalecer su control sobre la información. Frente a esta realidad, el desafío es promover la verificación independiente de la información y la alfabetización mediática para contrarrestar las versiones manipuladas y cada vez más automatizadas de la propaganda oficial.
