
El Tribunal Municipal Popular de Diez de Octubre, en La Habana, condenó ayer jueves a cuatro masones a entre dos y cuatro años de limitación de libertad por cambiar 300 dólares del Asilo Nacional Masónico Llansó fuera de los canales legales.
Entre los sancionados figuran José Ramón Viñas Alonso y el escritor Ángel Santiesteban Prats, quienes denunciaron presiones de la Seguridad del Estado para apartarlos de sus responsabilidades masónicas.
Según una nota del tribunal publicada en la página de Facebook Razones de Cuba, los jueces consideraron probado el delito de tráfico ilegal de divisas. Además de las penas principales, impusieron multas, privación de derechos y prohibiciones de salir del país y ejercer cargo u oficio.
Viñas Alonso, quien encabezó el Supremo Consejo del Grado 33 para la República de Cuba y presidía el patronato del asilo, recibió cuatro años de limitación de libertad y una multa de 25.000 pesos. El contador Fernando Marcos García fue sancionado a tres años.
Santiesteban Prats y Osvaldo Ernesto Villegas Digat recibieron dos años cada uno. A ambos y al contador les impusieron multas individuales de 20.000 pesos. La limitación de libertad restringe los desplazamientos de los condenados, pero no supone su ingreso en prisión.
Las penas principales coinciden con las solicitadas por el fiscal Ramón Macías Núñez, cuyas conclusiones provisionales publicó CubaNet el 16 de octubre. Sin embargo, la Fiscalía había pedido impedir el ejercicio de cargo u oficio únicamente a Viñas Alonso. El tribunal extendió esa prohibición a los cuatro, incluido Santiesteban, actual soberano gran comendador del Supremo Consejo.
Tras el juicio, Viñas Alonso declaró a CubaNet que una teniente coronel de la Seguridad del Estado, identificada como “Kenia”, le había anticipado el desenlace. Según su testimonio, la oficial ofreció retirarle las acusaciones y permitirle viajar a Europa para visitar a su hijo si abandonaba su cargo.
“Ella me propuso que me saliera de soberano y me quitaba todo para que fuera a ver a mi hijo a Europa”, afirmó. Al rechazar la propuesta, aseguró que recibió esta advertencia: “Como tú estás encaprichado, vas a ir a los tribunales y no vas a salir ileso”.
Viñas Alonso sostuvo que la oficial estuvo presente en el tribunal y cuestionó las declaraciones de los testigos. “Nunca hicimos un trato, nunca aceptamos nada, y la dignidad del Supremo Consejo no la pongo a cuestión ni a merced de una sentencia ni de presiones ni de nada”, expresó.
Santiesteban relató amenazas similares. “Se cumplió todo lo que amenazó la Seguridad del Estado”, declaró. De acuerdo con el escritor, los agentes les ofrecieron facilitar su salida del país si se apartaban de sus responsabilidades. “Ellos dijeron, o se quitan o los quitamos”, añadió.
El exprisionero político rechazó que durante la vista se demostrara su responsabilidad penal. También negó haber confesado, como sostiene el escrito fiscal sobre los cuatro procesados.
“Yo no he reconocido el delito”, afirmó. Además, acusó al instructor de atribuirle palabras ajenas a su declaración: “El instructor mintió, dijo cosas que no estaban en mi declaración”.
La acusación describe dos operaciones. La primera ocurrió el 14 de septiembre de 2023, cuando Viñas Alonso autorizó a Santiesteban a entregar 49.600 pesos de su propiedad a cambio de 200 dólares donados al asilo. La segunda, del 13 de junio de 2025, consistió en cambiar 37.500 pesos de Villegas Digat por otros 100 dólares.
Ambos intercambios utilizaron la tasa del mercado informal, según la Fiscalía. El abogado defensor, Roberto Ortega Ortiz, solicitó la absolución y sostuvo que la primera operación permitió comprar leche en polvo para los ancianos. La segunda, argumentó, facilitó que Villegas Digat adquiriera un medicamento para su hijo.
El Centro de Información Legal Cubalex afirmó el 4 de noviembre que la conducta imputada no constituía delito. También señaló que las dos operaciones estaban registradas en los libros contables del asilo.
Aunque la acusación corresponde a un delito contra el orden económico, el expediente fue instruido por el órgano del Ministerio del Interior encargado de investigar delitos contra la seguridad del Estado. En la descripción de Santiesteban, el fiscal consignó que “se expresa abiertamente en contra del proceso revolucionario que impera en Cuba”.
El proceso tiene como antecedente el intento del Ministerio de Justicia de apartar a Viñas Alonso del Supremo Consejo el 7 de agosto. Según 14ymedio, un centenar de masones acudió a respaldarlo. Ese diario también informó de acusaciones de corrupción publicadas por Razones de Cuba sin aportar pruebas.
Santiesteban, ganador de los premios Alejo Carpentier y Casa de las Américas, fue condenado en 2012 a cinco años de prisión y obtuvo libertad condicional en 2015, según PEN International. “Esta no es mi primera vez. Ya estoy cansado de estos procesos”, declaró.