Más de 40 juicios sumarios contra manifestantes cubanos del 11J y el 15N

El grupo de trabajo Justicia 11J denunció que en el territorio cubano se han realizado un total de 42 procesos judiciales sumarios tras la brutal represión contra las protestas masivas del pasado 11 de julio.

La organización encargada de denunciar los arrestos políticos en Cuba, al presentar un informe en su página de Facebook, también indicó que el régimen ha ejecutado juicios ordinarios contra 37 personas y unas 356 tienen peticiones fiscales.

Con respecto al 15N, cuando se convocó la Marcha Cívica por el Cambio, Justicia 11J confirmó que los activistas Humberto Bello Lafita y José Hernández López fueron condenados a un año de privación de la libertad mediante juicios sumarios. Además, se le revocó la libertad al opositor Roilan Zarraga Ferrer.

Asimismo, Justicia 11J alertó que en el transcurso de esta semana se van a ejecutar varios juicios en diferentes tribunales municipales contra manifestaciones del 11J y 15N acusados por los delitos “desórdenes públicos”, “desacato”, “resistencia”, “daños”, “atentado” y “ultraje sexual”.

En el informe se presenta una lista de nombres de manifestantes de diferentes provincias con las respectivas peticiones fiscales de sentencias, que van de los 5 hasta los 25 años de cárcel.

De manera particular, la organización mencionó el caso del opositor Bárbaro de Céspedes, quien enfrenta un juicio ordinario por el delito “desobediencia”, y contra él se pide una condena de un año y seis meses.

También se recordó en su post que el activista Osmani Pardo Guerra fue sentenciado a un año de reclusión domiciliaria por el delito “resistencia”. El integrante del Movimiento San Isidro (MSI) realmente recibió este castigo por poner a todo volumen la canción ‘Patria y Vida’.

De igual forma, se refirió que el 16 de diciembre se va a realizar el juicio contra el joven Luis Robles, quien desde el año pasado está detenido por exigir de manera pacífica, solamente con un cartel, la libertad del rapero Denis Solís en el boulevard San Rafael de La Habana.

Robles está acusado de cometer los delitos “desobediencia” y “propaganda enemiga”. Por ello, la fiscalía pide seis años de privación de la libertad.

“Condenamos la criminalización de la libertad de expresión y asociación. Recordamos que manifestarse es un derecho e impedirlo es un delito”, sostuvo el grupo de trabajo en su informe.

Justicia 11J está integrado por varias activistas y también cuenta con el apoyo de la organización Cubalex, encargada de denunciar las violaciones de los derechos humanos en la Isla.