
Una usuaria procedente del municipio de Quivicán, en Mayabeque, asegura que varias mipymes cerraron sus puertas después de negarse a cumplir una supuesta disposición de las autoridades cubanas que les exigiría entregar efectivo a jubilados para el pago de pensiones.
El conflicto habría surgido en medio de la escasez de dinero físico que afecta al país y de las restricciones bancarias que también enfrentan los negocios privados para retirar sus propios fondos.
Denuncian nuevas exigencias para las mipymes en Mayabeque
La residente de Quivicán afirmó que las nuevas condiciones obligarían a los establecimientos privados a proporcionar efectivo a pensionados, pese a que muchos empresarios llevan meses denunciando dificultades para acceder al dinero depositado en sus cuentas. La fuente señaló que esta situación coloca a las mipymes ante una obligación que consideran difícil de cumplir.
Según el testimonio, los negocios reciben una parte importante de sus ingresos mediante transferencias electrónicas, pero posteriormente encuentran limitaciones para retirar ese dinero de las instituciones bancarias. La falta de liquidez complica operaciones habituales como el pago a proveedores, salarios y otras obligaciones necesarias para mantener abiertas las empresas.
La denunciante aseguró “que varias mipymes rechazaron la medida y algunas optaron por cerrar temporalmente como forma de protesta”. Otros establecimientos, añadió, “habrían sido clausurados por decisión de las autoridades”. Hasta el momento no existe confirmación oficial sobre esos cierres ni sobre la existencia de una disposición gubernamental con las características descritas.
La escasez de efectivo agrava la crisis económica
El relato sostiene que algunos empresarios mantienen millones de pesos cubanos en cuentas bancarias sin posibilidad de disponer libremente del efectivo. Esta situación reduciría su capacidad para comprar mercancías, responder a gastos operativos y mantener los niveles habituales de abastecimiento en un contexto de inflación y escasez.
La residente cuestionó que los negocios privados puedan recibir una nueva responsabilidad relacionada con el pago de pensiones mientras ellos mismos tienen problemas para obtener efectivo. A su juicio, la inmovilización de los fondos termina afectando tanto a los emprendedores como a los consumidores que dependen de estos establecimientos.
Las dificultades con la disponibilidad de dinero físico se producen mientras Cuba mantiene una creciente utilización de transferencias electrónicas para diferentes operaciones comerciales. Sin embargo, el testimonio desde Quivicán muestra las tensiones que genera la coexistencia entre los pagos digitales y una economía donde numerosas transacciones todavía requieren efectivo.
Quivicán enfrenta mayores dificultades para abastecerse
El presunto cierre de varios establecimientos habría reducido las posibilidades de adquirir alimentos y otros productos básicos en el municipio. La denunciante describió incertidumbre entre los residentes ante la disminución de negocios abiertos y las dificultades para encontrar determinados artículos después del conflicto entre empresarios privados y autoridades.
Como ejemplo del deterioro del poder adquisitivo, la fuente aseguró que un envase de aceite de cocina ronda los 3.000 pesos cubanos en Quivicán. El precio evidencia la presión que soportan las familias para acceder a productos esenciales en medio de una prolongada crisis económica marcada por inflación, bajos ingresos y problemas de abastecimiento.
El caso vuelve a poner el foco sobre las dificultades del sector privado cubano, atrapado entre restricciones bancarias, falta de efectivo y nuevas exigencias atribuidas a las autoridades. Mientras no exista un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido en Quivicán, las denuncias reflejan el impacto que los problemas de liquidez pueden tener sobre mipymes, jubilados y consumidores.