El Gobierno cubano presentó ante la Asamblea Nacional del Poder Popular un amplio paquete de cambios económicos que incrementa las posibilidades de expansión del sector privado en la Isla, lo que se ha considerado como el cambio más grande adoptado por el régimen en los últimos años.
Las medidas, anunciadas por el primer ministro Manuel Marrero, buscan reactivar una economía golpeada por la contracción productiva, la inflación, la emigración y el deterioro de las condiciones de vida en la Isla.
Cambios más importantes en el sector privado
Según pudo confirmar Periódico Cubano, entre los planes anunciados en su paquete de 176 medidas económicas se encuentra el de disminuir las limitaciones en el sector privado, dándole más libertad a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes).
El plan permitirá constituir empresas privadas con más de 100 empleados, autorizará que una misma persona controle varios negocios y abrirá la puerta a sociedades anónimas por acciones.
También ampliará las actividades disponibles para los actores no estatales y facilitará su participación en proyectos agrícolas y productivos.
Las decisiones representan un giro frente al modelo defendido durante décadas por el régimen, que otorgó prioridad absoluta a la empresa estatal y estableció límites para impedir la acumulación de capital privado.
La flexibilización llega cuando las autoridades enfrentan una caída acumulada del producto interno bruto cercana al 26% desde 2020.
Régimen destraba solicitudes
Otra de las primeras acciones será revisar y aprobar expedientes de Mipymes y cooperativas no agropecuarias que permanecían paralizados en la Plataforma de Actores Económicos.
Los permisos llevaban más de un año prácticamente detenidos, mientras numerosos emprendedores denunciaban falta de transparencia y decisiones discrecionales.
Las cifras oficiales situaban en alrededor de 11.300 la cantidad de Mipymes autorizadas desde 2025. Ese número apenas había variado pese a la existencia de proyectos pendientes y a la necesidad de ampliar la producción nacional.
El Ejecutivo también anunció una reducción de los trámites requeridos para abrir y operar negocios. Las barreras administrativas afectan la constitución de empresas, la obtención de licencias, la importación de mercancías y el acceso a permisos indispensables para producir.
Empresas privadas con más de 100 trabajadores
Los negocios con plantillas superiores a 100 empleados pasarán a ser reconocidos como empresas privadas. Hasta ahora, el tamaño de las Mipymes estaba limitado por regulaciones que frenaban su crecimiento y evitaban el uso oficial de una categoría asociada durante años con el capitalismo.
Una persona natural podrá ser propietaria de varias compañías y mantener acciones en diferentes sociedades. El nuevo marco incluirá las sociedades anónimas por acciones, una modalidad común en otras economías, pero excluida durante décadas del sistema empresarial cubano.
Las cooperativas y empresas particulares también podrán recibir derechos de usufructo o superficie para ejecutar inversiones. El acceso a terrenos e inmuebles ha sido uno de los mayores obstáculos para ampliar instalaciones, almacenes y capacidades productivas.
El paquete autorizará además el depósito de divisas en efectivo en cuentas denominadas en esas monedas. Los titulares deberán acreditar el origen legal del dinero. La decisión flexibiliza parte de los controles bancarios y cambiarios que dificultan las operaciones privadas.
Régimen abre espacio privado
Las autoridades reducirán el listado de actividades prohibidas y permitirán que los negocios incorporen nuevas líneas de trabajo sin abandonar su objeto social principal.
Entre los cambios sobresale la entrada de empresas privadas en el sector agropecuario, sometido durante décadas a controles estatales y bajos niveles de productividad.
El Gobierno también proyecta crear mercados de insumos con participación estatal, privada y extranjera. A ello se sumará una plataforma nacional en la que las empresas públicas deberán divulgar sus necesidades de compras, servicios y subcontrataciones.
Aunque Marrero defendió las medidas como parte de la preservación del sistema socialista, las reformas incorporan mecanismos de mercado rechazados durante años por la dirigencia cubana. Su aplicación constituye una admisión indirecta de que la empresa estatal no ha conseguido sostener la producción ni garantizar el abastecimiento básico.
