
Un operativo de inspectores del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) se ejecutó el pasado sábado en los municipios habaneros de Guanabacoa y Plaza de la Revolución, dando como resultado la imposición de elevadas multas a micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).
De acuerdo con un reporte emitido en el Noticiero Nacional de la Televisión (NTV), se detectaron múltiples violaciones en precios y calidad de productos. Por ejemplo, el kilogramo de arroz estaba a la venta por 500 pesos cubanos (CUP), un picadillo de res estaba en mal estado y carne de cerdo adulterada con agua para buscar que pesara más.
Además, varios negocios no pudieron presentar la documentación necesaria para justificar sus operaciones contables, argumentando que los responsables estaban ausentes. Los inspectores estatales catalogan la situación como “una falta grave”, ya que sin estos documentos no se puede verificar la legalidad de los productos ni sus condiciones de venta.
Otra violación detectada fue la ausencia de licencias sanitarias y etiquetas de precios en algunos productos, incumplimientos que amenazan la salud pública y obstaculizan la transparencia en las transacciones comerciales. Ante estos hallazgos, las autoridades impusieron multas considerables y en algunos casos cerraron los establecimientos de manera temporal o incluso definitiva.
Las multas aplicadas se sustentan en el Decreto 30 y el Decreto Ley 91, los cuales establecen sanciones por violaciones en la fijación de precios. Desde el 12 de julio hasta la fecha, las acciones de control han dado como resultado más de 600 millones de pesos en multas a Mipymes en todo el país.
Lourdes Rodríguez, viceministra de Finanzas y Precios, destacó que las inspecciones también monitorean el uso de canales electrónicos de pago y el cumplimiento de las normativas en mercados agropecuarios, tanto estatales como de oferta y demanda. Según la funcionaria, se supervisan productos de alto consumo como el arroz, los frijoles y la malanga, cuyos precios han sido regulados por la escasez.
Desde principios de año, el MFP ha intensificado los controles en entidades estatales, mercados agropecuarios, Mipymes y proyectos de desarrollo local. La medida responde a la creciente inflación y los fenómenos meteorológicos recientes, que han agravado la situación económica de la Isla.
En el contexto de inflación en la isla, alimentos de consumo diario, como la malanga, el pepino y otros vegetales, se venden a precios considerablemente altos. La malanga, por ejemplo, está limitada a 100 CUP y el pepino a 40 CUP; sin embargo, casi nunca se cumplen estos topes.
Las recientes inspecciones en Cuba han dejado al descubierto un enfoque selectivo hacia las Mipymes. Sin embargo, no se menciona ningún tipo de violación en empresas estatales, lo cual genera suspicacias entre la población. Este sesgo en las sanciones refuerza la percepción de que el gobierno mantiene una ofensiva focalizada contra el sector privado, ignorando irregularidades similares en el sector estatal.
Las altas multas impuestas parecen buscar un control sobre las empresas privadas que, en medio de una economía en crisis, intentan cubrir los crecientes costos operativos, enfrentando así un clima de presión regulatoria que limita su desarrollo. Mientras tanto, las tiendas en Moneda Libremente Convertible (MLC) del gobierno y los militares siguen con precios desorbitantes.