La detención de 49 manifestantes, entre ellos activistas, durante las protestas masivas del 11 de julio de 2021 en Cuba fue considerada como arbitraria por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas (WGAD, por sus siglas en inglés).
El dictamen fue considerado como un hito histórico por la organización Prisoners Defenders (PD), que ha trabajado para documentar y defender los casos ante la ONU.
Según el WGAD, los 49 detenidos fueron privados de su libertad por razones políticas e ideológicas, sin el debido proceso y sin la oportunidad de una defensa legal.
La resolución sostiene que las personas afectadas fueron víctimas de desaparición forzada, tortura, incomunicación y castigos diseñados para intimidar no solo a los manifestantes, sino también a sus familias y comunidades.
El dictamen subraya que las detenciones no responden a actos concretos de los manifestantes, sino a una política de hostigamiento y criminalización de la disidencia.
Los procesos judiciales, de acuerdo con el informe, han sido marcados por la opacidad, la falta de acceso a un abogado y la prolongación de periodos de incomunicación.
Además, los juicios fueron conducidos por jueces sin imparcialidad, lo que refuerza la idea de que el sistema judicial cubano ha sido instrumentalizado como herramienta de control político.
El informe también revela casos alarmantes de mujeres embarazadas, personas con enfermedades graves y ciudadanos en deterioro físico que permanecen detenidos en condiciones extremas.
En muchos casos, las excarcelaciones se han condicionado a amenazas, vigilancia constante y prohibiciones de expresión, lo que convierte la “libertad condicional” en un mecanismo de control adicional sobre la disidencia.
Ante este resultado, el informe solicita la liberación inmediata de los detenidos, su exoneración penal y la compensación por los daños sufridos.
La emisión del informe convierte al castrismo en el primer régimen del mundo en recibir más dictámenes sobre detenciones arbitrarias que cualquier otro país, desde 2019.
De los 93 casos reconocidos en los últimos seis años por el WGAD, 81 fueron impulsados por Prisoners Defenders, organización que de manera mensual emite un reporte sobre los presos políticos en Cuba.
En su último reporte, la organización detectó que en septiembre el arresto de 13 nuevas personas por motivos políticos en la Isla, de ellas, dos son menores de edad.
Con estas nuevas cifras, el país registró un alarmante total de 1.185 personas encarceladas por no estar de acuerdo con las autoridades comunistas o quejarse a causa de la deficiencia en los servicios básicos.
Prisoners Defenders denunció que, a pesar de las evidencias presentadas, el gobierno cubano no ha emitido alegaciones para refutar las acusaciones formuladas por el WGAD.
Para la organización, esta falta de respuesta es una aceptación tácita de los argumentos y pruebas aportadas, que incluyen testimonios de víctimas y familias afectadas.
Javier Larrondo, presidente de PD, señaló que el grupo de trabajo de la ONU llevó a cabo una revisión exhaustiva e independiente durante casi dos años, lo que resultó en la ratificación íntegra de las denuncias de detenciones arbitrarias.
Larrondo advirtió que Cuba se encuentra solo por detrás de países como México, Irak y Colombia en cuanto a desapariciones forzadas, pero con una diferencia crucial: mientras en estos países las desapariciones están relacionadas con mafias, en Cuba la única “mafia” responsable de las desapariciones es el propio gobierno.
