El Gobierno cubano anunció la creación del Instituto Nacional de Activos Empresariales (INAEES), una nueva entidad subordinada directamente al Consejo de Ministros que tendrá la misión de transformar el sistema empresarial estatal.
El INAEES fue anunciado en diciembre de 2025 por el viceprimer ministro Óscar Pérez-Oliva Fraga ante la Asamblea Nacional. La medida promete mayor autonomía y eficiencia, pero mantiene las decisiones principales bajo el control de la estructura gubernamental.
La institución forma parte de las acciones incluidas en el Programa Económico y Social del Gobierno para 2026. Según la versión oficial, deberá modernizar las formas organizativas, los mecanismos de dirección y el marco regulatorio de las empresas estatales.
Otra reforma bajo control del Gobierno
El nuevo organismo será dirigido por Roberto Ricardo Marrero, tendrá alcance nacional y concentrará el control de más de 2.000 empresas estatales de la Isla y responderá directamente al Consejo de Ministros. Desde esa posición, dirigirá las transformaciones de las empresas estatales, consideradas por el régimen como el “sujeto fundamental” de la economía cubana.
Según información publicada en Periódico Cubano, antes de esta designación, Marrero tenía a su cargo el Grupo Empresarial de Transporte Marítimo Portuario (GEMAR).
La subordinación directa al Ejecutivo genera dudas sobre la autonomía que el propio Gobierno asegura querer impulsar. Las compañías seguirán dependiendo de decisiones administrativas adoptadas desde los niveles superiores del Estado.
El instituto evaluará capacidades productivas, integrará actores económicos y supervisará el desarrollo de las entidades públicas. Sin embargo, el anuncio no explica hasta dónde podrán decidir las empresas sobre sus inversiones, salarios, importaciones, producción o comercialización.
Tampoco se han divulgado mecanismos concretos para evitar que las nuevas funciones reproduzcan los mismos problemas de burocracia, demoras y exceso de autorizaciones que durante décadas han limitado la gestión empresarial en Cuba.
La autonomía continúa condicionada
El Decreto-Ley 114, referido a las asociaciones entre empresas estatales y actores no estatales, continuará bajo la responsabilidad del Ministerio de Economía y Planificación. Esa decisión confirma que las principales alianzas económicas seguirán sujetas a la aprobación del Gobierno.
La norma introduce nuevas formas de asociación con negocios privados y cooperativas. No obstante, estos acuerdos no quedarán en manos exclusivas de las empresas, sino bajo la supervisión de las autoridades económicas.
En la práctica, la anunciada autonomía nace limitada. El instituto podrá promover transformaciones, pero los ministerios conservarán facultades regulatorias y el Consejo de Ministros mantendrá el control político sobre las decisiones estratégicas.
Una economía sin cambios estructurales
El Gobierno presenta el organismo como una herramienta para perfeccionar el socialismo empresarial. Sin embargo, no plantea abandonar el predominio de la propiedad estatal ni permitir un mercado donde las empresas operen con independencia real.
La creación de nuevas instituciones ha sido una respuesta frecuente de las autoridades ante la baja productividad, las pérdidas y la falta de competitividad. Estas reorganizaciones no han logrado resolver la escasez, el deterioro industrial ni la incapacidad de numerosas compañías para cubrir sus costos.
El resultado del nuevo instituto dependerá de si el Gobierno cede facultades reales o mantiene la gestión económica sometida a criterios políticos. Sin libertad para decidir, competir y administrar recursos, el anuncio corre el riesgo de convertirse en otro cambio de estructura sin impacto en la vida de los cubanos.
