El Parlamento Europeo aprobó este jueves 17 de septiembre una nueva resolución que reclama la suspensión del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión Europea y Cuba si las autoridades de la Isla no adoptan pasos concretos y verificables hacia reformas democráticas.
La iniciativa recibió 374 votos a favor, 198 en contra y 19 abstenciones, según los resultados de la votación celebrada en Estrasburgo. El documento centra buena parte de sus señalamientos en la situación de los presos políticos y, particularmente, en los casos de los opositores Félix Navarro y su hija Saylí Navarro.
Un punto fundamental es que la resolución no suspende automáticamente el acuerdo entre Bruselas y La Habana. El Parlamento Europeo está instando a que se adopte esa medida, pero se requieren actuaciones posteriores de las instituciones europeas competentes para que la suspensión llegue a hacerse efectiva.
Eurodiputados reclaman la liberación de presos políticos
Félix Navarro y Saylí Navarro fueron detenidos en julio de 2021, después de las protestas del 11J, y posteriormente recibieron condenas de nueve y ocho años de prisión, respectivamente. Ambas condenas fueron dictadas en 2022 por su participación en las protestas antigubernamentales.
La resolución reclama su liberación y la de los demás presos políticos, además de denunciar falta de garantías judiciales, torturas durante las detenciones y casos en los que, según los eurodiputados, el exilio ha sido utilizado como condición para excarcelar a opositores.
El texto recoge la existencia de 1.339 presos políticos en Cuba. La cifra procede del último informe de Prisoners Defenders, cerrado al 31 de agosto de 2026. La organización asegura que entre las personas incluidas en su registro figuran 155 mujeres y 38 personas que fueron detenidas siendo menores de edad. También contabiliza 463 reclusos con patologías médicas graves y 54 con trastornos graves de salud mental.
El Gobierno cubano rechaza habitualmente la categoría de “presos políticos” para las personas procesadas por los tribunales de la Isla y sostiene que sus condenas responden a delitos tipificados en la legislación nacional. Organizaciones de derechos humanos cuestionan esa interpretación y denuncian encarcelamientos vinculados al ejercicio de las libertades de expresión, asociación y protesta.
Eurocámara vuelve a pedir sanciones contra Díaz-Canel
La resolución también vuelve a reclamar sanciones individuales contra funcionarios considerados responsables de violaciones de derechos humanos. Entre las personas mencionadas aparece Miguel Díaz-Canel.
No es la primera vez que el actual Parlamento adopta esta posición. El pasado junio, la Eurocámara ya había solicitado sanciones contra Díaz-Canel y otros responsables de la represión en Cuba, además de plantear nuevamente la suspensión del acuerdo bilateral.
Aquella resolución fue aprobada por 283 votos a favor, 199 en contra y 85 abstenciones. La votación de este jueves eleva a 374 el número de eurodiputados que respaldaron el nuevo pronunciamiento centrado en los presos políticos.
En julio, además, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo mantuvo abierto un reclamo para examinar la suspensión del acuerdo con Cuba.
¿Qué pasaría con el acuerdo entre Cuba y la Unión Europea?
El Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación fue firmado en diciembre de 2016 y comenzó a aplicarse provisionalmente el 1 de noviembre de 2017. Constituye el principal marco institucional para las relaciones políticas, económicas y de cooperación entre Cuba y la Unión Europea.
El tratado incorpora compromisos relativos a los derechos humanos y los principios democráticos y contempla mecanismos para responder ante incumplimientos. Los eurodiputados sostienen ahora que, si La Habana no adopta “pasos concretos y verificables” hacia una democracia multipartidista, la aplicación del acuerdo debe ser suspendida.
La presión política sobre ese marco bilateral viene creciendo durante 2026. En enero, el Parlamento Europeo aprobó otra enmienda que cuestionaba la cooperación privilegiada con Cuba.
Sin embargo, la posición del Parlamento no equivale por sí sola a una decisión definitiva de la Unión Europea. La Comisión Europea y el Consejo de la UE tienen competencias determinantes en la política exterior y en la aplicación del acuerdo, por lo que el pacto continúa vigente mientras no se complete formalmente un procedimiento para suspenderlo.
